En un giro sorprendente, la investigación sobre las adopciones ilegales ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile ha revelado el involucramiento de al menos tres jueces de la región del Bío Bío. Estos magistrados habrían desempeñado un papel clave en facilitar la entrega de niños, principalmente a parejas extranjeras, a través de procedimientos irregulares.
El ministro en visita, Alejandro Aguilar, ha liderado un exhaustivo trabajo de interrogatorios y careos en Concepción, donde ha escuchado los testimonios de presuntos victimarios, así como de madres que relatan cómo les fueron arrebatados sus hijos por médicos, asistentes sociales y funcionarios de los antiguos Juzgados de Menores.
Jueces Inculpados y Víctimas Esperan Justicia
Según la abogada Patricia Parra, quien representa a una de las víctimas, los hechos investigados constituyen delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, y podrían concluir en una determinación de desaparición forzada. Las víctimas esperan que la justicia establezca las responsabilidades de los jueces implicados, quienes habrían facilitado estas adopciones ilegales durante la dictadura.
De los tres jueces del Bío Bío que tienen la calidad de inculpados, solo uno ha sido interrogado en Concepción, mientras que los otros dos han sido citados a declarar en Santiago. Además, todo el personal de uno de los dos antiguos Juzgados de Menores de Concepción también ha prestado declaración esta semana.
Silencio y Discreción en la Investigación
El ministro Aguilar ha mantenido un perfil bajo durante la investigación, evitando hacer declaraciones públicas. Sin embargo, se sabe que al menos 20 personas han sido interrogadas, la mayoría presuntos victimarios, entre ellos una exjueza que declaró en calidad de inculpada.
Este caso pone de manifiesto la gravedad de los abusos cometidos durante la dictadura de Pinochet, donde incluso miembros del sistema judicial habrían participado en la separación ilegal de familias. Las víctimas esperan que esta investigación logre esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, brindando justicia y reparación a quienes sufrieron tan dolorosa experiencia.
