En un giro controvertido, el jefe del Servicio Interno de Impuestos (IRS), Billy Long, fue despedido después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitara datos privados y sensibles de contribuyentes para identificar a inmigrantes indocumentados.
Según una exclusiva del Washington Post, el jueves pasado el DHS pidió al IRS que compartiera información fiscal detallada de una lista de 40.000 personas sospechosas de residir ilegalmente en el país. Esto incluía datos de declaraciones de impuestos, como exenciones a las que podrían no tener derecho por su estatus migratorio.
En un primer momento, el IRS colaboró para identificar alrededor del 3% de los nombres, principalmente aquellos asociados con un número de identificación fiscal ITIN, que muchos indocumentados utilizan para pagar impuestos. Sin embargo, los altos funcionarios del IRS se opusieron firmemente a compartir más información, argumentando que exponía datos muy sensibles y vulneraba derechos de privacidad.
La Administración Trump busca eliminar «silos de información»
Según la Casa Blanca, la Administración Trump está trabajando para «eliminar silos de información y prevenir que ilegales se aprovechen de los beneficios que están pensando para contribuyentes americanos que trabajan duro». El DHS confía en que una mayor implicación del IRS en la campaña de deportación masiva podría facilitar la captura de siete de los aproximadamente 11 millones de indocumentados que se cree que viven y trabajan en el país.
Oposición del IRS a compartir datos confidenciales
Sin embargo, el director del IRS, Billy Long, se negó a ceder a las presiones del DHS. Según las fuentes, su salida no se confirmó que estuviera directamente relacionada con este episodio, pero Long había reiterado internamente que el IRS no iba a compartir información fuera de los límites de un acuerdo firmado con el DHS en abril.
La decisión del IRS de proteger la privacidad de los contribuyentes, incluso si algunos de ellos son inmigrantes indocumentados, ha sido aplaudida por expertos en derechos de privacidad fiscal. Pero también ha generado críticas de la Administración Trump, que busca utilizar todos los recursos disponibles para cumplir su promesa de deportar a millones de inmigrantes ilegales.
Implicaciones más allá de la inmigración
Este incidente pone de manifiesto las tensiones entre las prioridades de seguridad nacional y los derechos de privacidad de los contribuyentes. Plantea importantes cuestiones sobre hasta dónde pueden llegar las agencias gubernamentales para acceder a información fiscal confidencial, incluso con fines de aplicación de la ley.
A medida que el debate sobre inmigración y privacidad continúa, este caso servirá como un recordatorio de la necesidad de mantener salvaguardas sólidas para proteger los datos personales de los contribuyentes, independientemente de su estatus migratorio.
