La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, ha resuelto acoger a trámite la denuncia presentada por la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, en contra del Estado chileno. La presentación apunta a lo que Vivanco califica como «vulneraciones gravísimas» a sus garantías procesales, tanto en el procedimiento llevado a cabo por la Comisión de Ética y el pleno del máximo tribunal, como en la Acusación Constitucional que enfrentó posteriormente en el Congreso Nacional.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Jorge Meza, firmó la notificación oficial, que obliga al Estado de Chile a entregar un informe detallado sobre los hechos denunciados, en un plazo de tres a cuatro meses. La abogada sostiene que su salida del Poder Judicial no se ajustó a los estándares internacionales de debido proceso.
Confianza en la instancia internacional
Vivanco valoró que su caso haya sido admitido a tramitación, considerando que entre un 65% y 70% de las denuncias de esta naturaleza suelen ser rechazadas de plano. «Confío en que ante esta instancia internacional imparcial pueda darse adecuada protección de los derechos que considero afectados», señaló.
Derechos vulnerados según la denuncia
El escrito, ingresado el 10 de abril de este año ante la CIDH —organismo dependiente de la OEA— fue redactado por los abogados argentinos Fernando Toller, Ignacio Boulin Victoria, Lucas Gómez y Fabiola Cantú. En el libelo se denuncia la vulneración de derechos consagrados en la Convención Americana y en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, entre ellos:
- Derecho al debido proceso (Art. 8 y XXVI)
- Derecho a la protección judicial (Art. 25.1)
- Derechos políticos (Art. 23.2)
- Derecho a la intimidad y protección de datos (Art. 11)
- Derecho al trabajo (Art. 26 y XIV)
- Principio de legalidad e interpretación razonable de las normas (Art. 9, 29 y 30)
La presentación pone al Estado chileno bajo escrutinio internacional por un proceso que ha sido leído por algunos sectores como una purga interna y por otros como una acción justificada ante conductas cuestionadas al interior del Poder Judicial.
Próximos pasos
Ahora, el Estado de Chile deberá entregar un informe detallado sobre los hechos denunciados en un plazo de tres a cuatro meses. Este es un importante paso para que la CIDH pueda evaluar si hubo o no violaciones a los derechos humanos de Ángela Vivanco durante su salida del Poder Judicial.
