En un operativo fronterizo sin precedentes, el gobierno de Ecuador ha deportado a más de 800 presos colombianos hacia su país de origen. Esta acción, que ha generado controversia a nivel regional, busca aliviar la sobrepoblación carcelaria en Ecuador y cumplir con los deseos expresados por el presidente Daniel Noboa en 2024.
Según informó la gobernadora de la provincia de Carchi, Diana Pozo, el proceso de deportación se llevó a cabo de manera ágil y coordinada entre las autoridades migratorias de ambos países en el puente fronterizo de Rumichaca, en las afueras de Tulcán. Sin embargo, el gobierno colombiano ha presentado una nota de protesta diplomática ante Quito, argumentando que la medida se tomó de manera «unilateral» e «incumpliendo» el derecho internacional.
Tensiones Diplomáticas y Falta de Coordinación
El secretario de Gobierno del municipio colombiano de Ipiales, Juan Morales, señaló que las autoridades colombianas no fueron debidamente notificadas sobre el proceso de deportación, lo que dificultó la implementación de un plan de contingencia para recibir a los reclusos repatriados.
Por su parte, la Cancillería ecuatoriana afirmó que las deportaciones fueron anunciadas a Bogotá desde el 8 de julio y se realizaron «con respeto a los derechos humanos» y tras una revisión individual de cada caso, rechazando así la «afirmación de una supuesta deportación colectiva».
Aliviar la Sobrepoblación Carcelaria
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa había expresado en 2024 su deseo de deportar a reos colombianos para descongestionar las prisiones del país. Según las autoridades, este proceso de repatriación se inició en abril de este año, con el traslado de pequeños grupos de reclusos hasta la frontera.
La gobernadora Pozo destacó que el trabajo interinstitucional entre las autoridades migratorias de ambos países ha sido clave para que este proceso de deportación se lleve a cabo de manera ágil y sin colapsar el puente fronterizo.
Implicaciones Regionales y Derechos Humanos
Esta acción unilateral de Ecuador ha sido calificada por Colombia como un «gesto inamistoso«, lo que podría generar tensiones diplomáticas en la región. Además, es importante que tanto Ecuador como Colombia velen por el respeto de los derechos humanos de los reclusos durante todo el proceso de repatriación.
A medida que se desarrollen nuevos acontecimientos en torno a esta situación, será crucial que ambos países logren coordinar esfuerzos y establecer protocolos conjuntos para garantizar una deportación ordenada y respetuosa de los derechos de los ciudadanos colombianos.
