En una sesión de la Comisión de la Cámara de Diputados, el Fiscal Nacional de Chile, Ángel Valencia, anunció que se oficiará a Gendarmería para obtener información sobre la cantidad de personas extranjeras actualmente privadas de libertad, tanto condenadas como en prisión preventiva.
Esta medida surge tras el polémico caso de la liberación del sicario venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, quien inicialmente se había identificado con un nombre falso. Valencia explicó que la reforma al Código Procesal Penal en 2023, que estipula la toma de huellas dactilares a imputados extranjeros en situación irregular, habría permitido detectar la identidad falsa de Mejía Hernández en 2022, cuando ya había sido detenido en dos ocasiones.
Verificar la identidad de presos extranjeros
El Fiscal Nacional señaló que el oficio a Gendarmería tiene como objetivo poder cotejar la información de los sistemas de registro y «verificar qué se ha hecho para determinar la identidad de esas personas, para que no vuelva a pasar dos veces».
Según Valencia, existe la sospecha de que algunas personas privadas de libertad desde 2022 o antes podrían ser prófugos con identidades falsas, ya que antes de la reforma de 2023 no se les tomaban las huellas dactilares a los imputados extranjeros.
Evitar que delincuentes extranjeros usen identidades falsas
El Fiscal explicó que, de haberse tomado las huellas a Mejía Hernández en 2022, cuando fue detenido por primera vez, se habría detectado que su nombre era falso y se habría podido rectificar su identificación. Esta medida busca prevenir que delincuentes extranjeros puedan evadir la justicia utilizando identidades falsas.
La investigación de Gendarmería, el Registro Civil, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Médico Legal (SML) permitirá a las autoridades tener un panorama más claro sobre la situación de los presos extranjeros y adoptar las medidas necesarias para evitar que se repitan casos como el de Mejía Hernández.
