La Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) ha criticado duramente la decisión de la Corte Suprema de remover al director y subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Ricardo Guzmán Sanza y Zvonimir Koporcic Alfaro, respectivamente, por sus responsabilidades en el denominado «Caso Lexus».
Según un comunicado de la OTJ, esta medida se trata de un «blanqueamiento comunicacional» que califican como una «maniobra grotesca». Alegan que fueron los propios Ministros Supremos, a través de un pleno, quienes tomaron la decisión de comprar los vehículos Lexus de alta gama, pero ahora «responsabilizaron a quienes no tomaron la decisión de adquirir dichos vehículos».
Críticas a la Corte Suprema
Los trabajadores y trabajadoras judiciales denuncian que la noticia de la remoción de los directivos se publicó «inmediatamente» en el portal de la Corte Suprema, «sin previa notificación a los involucrados» y «sancionando a personas que no son las responsables directamente en la toma de decisiones».
Además, la OTJ señala que la decisión de remover al subdirector Zvonimir Koporcic es «contraria a derecho», ya que él es director regional de su organización, por lo que «se ha vulnerado el fuero sindical que ostenta todo dirigente».
Vulneración de Derechos Laborales
Los trabajadores y trabajadoras judiciales aseguran que la medida adoptada por la Corte Suprema «vulnera no sólo la normativa interna de Chile, sino también los convenios 98 y 89 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)», los cuales «garantizan plenamente todos los derechos relacionados con la formación, organización y funcionamiento de sindicatos y asociaciones».
Por lo tanto, consideran que la remoción del señor Koporcic Alfaro es «un acto contrario a derecho» y han presentado un requerimiento al Pleno de la Corte Suprema para que se respete la normativa vigente.
Conclusión
La Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales ha denunciado enérgicamente la decisión de la Corte Suprema de remover a los directivos de la CAPJ en el «Caso Lexus», calificándola como una «maniobra grotesca» que vulnera los derechos laborales y sindicales de los trabajadores. Esta situación evidencia la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos por parte de las altas esferas del Poder Judicial.
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