En un contundente pronunciamiento, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial ha expresado su «más categórico rechazo al uso indebido o improcedente de licencias médicas» por parte de funcionarios judiciales. Esta declaración surge en respuesta al informe de la Corte Suprema, que detectó a 692 empleados que salieron de Chile durante permisos médicos en los últimos cinco años.
La asociación calificó estas cifras como de «máxima gravedad», subrayando que, pese a las investigaciones en curso, es «imperativo que quienes desempeñamos labores jurisdiccionales tengamos los más altos estándares éticos». El organismo reafirmó su compromiso con el «fortalecimiento de una cultura de integridad, transparencia y probidad» en el Poder Judicial.
Investigación cruzada y cifras clave
El escándalo se originó tras un informe de la Contraloría, que llevó a la Corte Suprema a ordenar la recopilación de antecedentes con apoyo de la PDI y su Contraloría Interna. Como resultado, se identificaron 1.029 viajes al exterior asociados a 692 funcionarios, de los cuales 571 permanecen activos.
Entre los funcionarios activos, no figuran ministros ni fiscales de la Corte Suprema. Sin embargo, sí se detectaron 4 ministros y 1 fiscal judicial de Cortes de Apelaciones, además de 84 jueces. La Corte Suprema aclaró que un único fiscal judicial por cada Corte liderará las pesquisas, y que algunos casos podrían implicar superposición entre licencia médica y feriado legal, aspecto que las investigaciones deberán esclarecer.
Postura de la Asociación de Magistrados
En su declaración, la Asociación de Magistrados recordó su postura inicial al conocerse los primeros casos, insistiendo en que las investigaciones «permitirán esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades individuales». Asimismo, reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de una cultura de integridad y transparencia en el Poder Judicial.
Este pronunciamiento se produce horas después de que la Corte Suprema definiera remitir los casos detectados a las Cortes de Apelaciones para sumarios disciplinarios, lo que evidencia la gravedad del asunto y la determinación de las autoridades judiciales por esclarecer las irregularidades y depurar responsabilidades.
