La Contraloría General de la República (CGR) ha revelado un preocupante panorama de desorden fiscal en el Estado chileno, con observaciones por más de $1,5 billones en incumplimientos normativos, deficiencias contractuales y problemas en la rendición de cuentas. Este informe anual, entregado recientemente al Congreso, expone una realidad en la que el control de los recursos públicos sigue siendo un desafío estructural.
Según el documento, las principales irregularidades se concentran en cuatro áreas clave: incumplimientos contables y presupuestarios por $359 mil millones, falencias en contratos por $328 mil millones, deficiencias en rendición de cuentas por $316 mil millones y fondos mal gestionados por $252 mil millones. Estas cifras revelan un panorama preocupante, donde la falta de controles efectivos y la debilidad en la administración de los recursos públicos parecen ser la norma.
Los Gobiernos Regionales, un foco de preocupación
Uno de los hallazgos más alarmantes del informe es el desorden fiscal detectado en los Gobiernos Regionales (GORE), con más de $303 mil millones en observaciones. Las auditorías revelaron una serie de irregularidades estructurales, tanto en la postulación, ejecución como en la rendición de proyectos financiados con fondos públicos.
Por ejemplo, en el GORE de Tarapacá se aprobaron transferencias sin exigir garantías ni aplicar sanciones por incumplimientos, se identificaron iniciativas duplicadas y se detectaron facturas sin respaldo. En el Biobío, el panorama es aún más crítico, con $324 millones rendidos sin información verificable, $180 millones transferidos a una fundación sin garantías y $254 millones en rendiciones atrasadas.
Otras regiones como Los Ríos, Aysén, Arica y Parinacota, Coquimbo y Los Lagos también presentaron hallazgos preocupantes, como pagos improcedentes, uso indebido de recursos, ausencia de fiscalización y acumulación de saldos no rendidos.
Carabineros y otras instituciones bajo la lupa
Pero el informe de la Contraloría no se limita a los Gobiernos Regionales. También se detectaron irregularidades en Carabineros de Chile, con más de $151 mil millones objetados, incluyendo entrega de armamento a personal no capacitado y pagos indebidos de remuneraciones durante años.
Asimismo, las delegaciones presidenciales y algunas subsecretarías exhiben un patrón recurrente de pagos duplicados, adquisiciones con sobreprecio, contratos incumplidos y controles inexistentes. Un ejemplo es la Subsecretaría de Prevención del Delito, que instaló cámaras de seguridad que no cumplían con las funciones comprometidas.
Un desafío estructural que persiste
La contralora Dorothy Pérez ha señalado que este informe rompe con la práctica de mantener estos hallazgos en el anonimato institucional. Ahora, el Congreso y la ciudadanía tienen acceso a un detallado panorama de las irregularidades que afectan al aparato estatal.
Pero lo más preocupante es que este desorden fiscal no es nuevo. El informe da cuenta de prácticas que se arrastran desde hace años, bajo distintos gobiernos y coaliciones políticas. Esto evidencia que el control de los recursos públicos sigue siendo un desafío estructural que requiere soluciones integrales y de largo plazo.
Como señala el propio informe, «Rendición de cuentas tardía, mal hecha o incompleta no quiere decir que se robaron esa plata, quiere decir que no sabemos qué pasó con ella, pese a que es plata pública y que, por ende, todos deberíamos saber qué pasó con esa plata». Este es un llamado a la transparencia y a la rendición de cuentas efectiva, para recuperar la confianza ciudadana en la gestión de los recursos públicos.
