En un giro inesperado, el gerente general de Puerto Coronel, Patricio Román, ha presentado una demanda civil contra el alcalde Boris Chamorro, el exconcejalEduardo Araya y cuatro dirigentes sindicales de estibadores de la comuna. La acción legal exige la restitución o indemnización de los montos que, según la portuaria, habrían sido obtenidos de manera ilícita durante la anterior administración de la compañía.
Supuesta «estructura delictiva»
Según la demanda, la actual administración de Puerto Coronel advirtió sobre «la existencia de una estructura delictiva destinada a extraer de forma ilícita, fondos de la compañía». Esto habría involucrado a exejecutivos y proveedores de la empresa, quienes se encuentran formalizados en una causa penal por delitos económicos.
La demanda civil apunta específicamente a aquellos que habrían obtenido «beneficios provenientes» de lo que la portuaria llama «estructura ilícita». Esto incluiría «la emisión de facturas por servicios no prestados para crear un fondo no trazable» y «la frustrada permuta de terrenos entre Puerto Coronel e Inmobiliaria Delsava Limitada», con el objetivo de «distraer dineros de la compañía, para crear una especie de caja negra, con fondos que no pudieran ser rastreados».
Montos exigidos
En la demanda civil, el gerente Patricio Román solicita que el alcalde Boris Chamorro, imputado por cohecho y con arresto domiciliario nocturno, restituya o indemnice a Puerto Coronel la suma de 82 millones de pesos que habría recibido a través de un proveedor. La misma solicitud se hace para el exconcejalEduardo Araya, por 72,250,000 pesos, y para los dirigentes sindicales Guillermo Jaque, Raúl Cabezas, Tomás Soto y David Guerrero, por 81,750,000 pesos cada uno.
Además, el gerente de Puerto Coronel pide que se condene en costas a los demandados.
Acciones legales en curso
La demanda civil fue presentada el pasado 6 de junio ante el Primer Juzgado de Letras de Coronel, en paralelo a la causa penal que ya involucra a algunos de los implicados. Ahora, corresponderá a la justicia determinar la veracidad de los hechos y las responsabilidades de cada uno de los acusados.
