La Fiscalía ha confirmado que el exgobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, fue citado y declaró por segunda vez en calidad de imputado desformalizado en la arista de la investigación relacionada con la Fundación Local. Esta nueva declaración se enmarca en la indagación sobre el destino de los 2 mil millones de pesos transferidos desde el Gobierno Regional (GORE) Araucanía, entonces presidido por Rivas, a dicha fundación para la ejecución de diversos proyectos, incluyendo iniciativas de reciclaje.
Según el fiscal Carlos Cornejo, a cargo del caso Convenios en La Araucanía, solo quedan algunas diligencias pendientes antes de tomar una decisión sobre quiénes serán formalizados y por qué delitos. Cabe destacar que, hasta el momento, solo dos personas han sido formalizadas en esta causa: la exfuncionaria del GORE Araucanía, Susan Alarcón Rubilar, y el sociólogo Manuel Mora Chepo.
Declaración del Presidente de la Fundación Local
Además de la declaración del exgobernador Rivas, también prestó testimonio en calidad de imputado el presidente de la Fundación Local, Héctor Troncoso Triviño. En su declaración ante el Ministerio Público, Troncoso Triviño reveló que contrató a su esposa, hermanos y suegra para trabajar en la fundación.
Esta información, sumada a los hallazgos de la investigación, ha generado preocupación y cuestionamientos sobre la transparencia y el manejo de los recursos públicos transferidos a la Fundación Local. La comunidad espera que la Fiscalía pueda esclarecer a fondo los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
Implicaciones Legales y Próximos Pasos
A medida que la investigación avanza, se espera que la Fiscalía tome decisiones sobre la formalización de cargos contra los implicados. Esto podría incluir acusaciones por delitos como malversación de fondos públicos, fraude, nepotismo y otros posibles ilícitos.
La comunidad de La Araucanía y el país en general siguen de cerca este caso, que ha generado un fuerte impacto en la confianza ciudadana y ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el manejo de recursos públicos. Será crucial que las autoridades competentes actúen con firmeza y diligencia para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, con el fin de restaurar la confianza y garantizar una adecuada rendición de cuentas.
