En un fallo trascendental, la Corte Suprema de Chile ha ratificado la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegal el «pinchazo» telefónico realizado a Josefina Huneeus, una mujer que no estaba formalmente implicada en la investigación del caso ProCultura. Este veredicto establece un precedente excepcional sobre la ilegalidad y arbitrariedad de las acciones del Ministerio Público cuando se trata de medidas intrusivas sin sustento legal.
Alejandro Awad, abogado de Josefina Huneeus, valoró este fallo como una victoria para su representada, quien ha sido víctima de una «sobreexposición abrumadora» y de «actos arbitrarios e ilegales graves» por parte de la Fiscalía. Según Awad, el Ministerio Público «instrumentalizó» la condición de imputada de Huneeus para justificar la interceptación de sus comunicaciones, a pesar de que ella «ha estado siempre fuera de esta investigación».
Precedente Histórico sobre Límites del Ministerio Público
El abogado resaltó que el fallo de la Corte Suprema establece que las conversaciones interceptadas de forma ilegal deben ser eliminadas tanto material como probatoriamente, ya que «nunca debieron escucharse, ni transcribirse, ni usarse en la investigación». Esto, debido a que la solicitud para intervenir el teléfono de Huneeus se emitió dos días después de que ya se hubieran grabado sus conversaciones, incluyendo una con el presidente Gabriel Boric.
«Solamente a los imputados, puede interceptarse en los teléfonos bajo el régimen del Código Profesal Penal (…) Entonces es muy grave porque una posición de ese tipo con cargos tan graves como este, no puede estar al servicio de objetivos secundarios, como escuchar sus conversaciones sino que tiene que ser el resultado de una consideración seria fundamentada por parte del Ministerio Público»
, enfatizó Awad.
Irregularidades en la Obtención de Información
Además, el abogado denunció que la Fiscalía obtuvo el número de teléfono de Huneeus de forma cuestionable, a través de un informe de Equifax que supuestamente lo vinculaba al boletín comercial de Alberto Larraín. Sin embargo, en un boletín reciente ese número no aparece, lo que evidenciaría «irregularidades graves» en el proceder del Ministerio Público.
Otro punto delicado fue la inclusión del RUT de Huneeus en la lista de personas a interceptar, a pesar de no formar parte de la cúpula de la fundación investigada ni estar formalmente implicada en el caso. Según Awad, esto demuestra que se intentó «instrumentalizar» la condición de imputada de Huneeus para justificar medidas ilegales.
Daño Reputacional y Vulneración de Derechos
El abogado lamentó el daño reputacional y la vulneración de derechos sufridos por Huneeus, cuestionando que se intentaran justificar actos ilegales con imputaciones tardías y mediáticamente oportunas. Esto, a su juicio, debilita el caso ProCultura desde el punto de vista mediático, pero no significa el término de la investigación.
«Ella ha sido víctima de una sobreexposición abrumadora. Y, por tanto, no sé si hoy está en la mejor de las situaciones para tomar decisiones de esa índole, pero lo cierto es que con el tiempo, con el paso de los días, ella va a tomar la decisión que entienda que mejor le convenga.»
Finalmente, Awad respaldó la idea de que los medios de comunicación retiren de sus plataformas los registros obtenidos de forma ilícita por parte del Ministerio Público, ya que «nunca debieron haber quedado registradas, nunca habían sido escuchadas y nunca debieron haber sido registradas y nunca debieron haber sido publicadas».
