La Iglesia Católica en Chile ha expresado su preocupación ante el anuncio del Gobierno de presentar un proyecto de ley para despenalizar el aborto. En un comunicado, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile ha pedido «no relativizar el valor de la vida humana, especialmente de los más indefensos», argumentando que este tipo de iniciativas «atentan contra el valor sagrado e inviolable de la vida humana».
La Iglesia insiste en que «la vida humana, desde su concepción hasta la muerte natural, posee una dignidad que debe ser siempre protegida y promovida». Desde su perspectiva, en un país que busca mayor justicia y dignidad para todos, se debe evitar «relativizar el valor de la vida humana, especialmente de los más indefensos».
Por su parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, ha señalado que el Gobierno presentará el proyecto de ley sobre despenalización del aborto en las próximas semanas. Orellana ha enfatizado que «las mujeres chilenas se merecen que demos ese debate democrático y que se acaben los vetos». Además, ha aclarado que no se trata de un «aborto libre», sino de despenalizarlo en las primeras 12 semanas, siguiendo el modelo alemán.
Responsabilidad de las Autoridades
La Iglesia ha instado a las autoridades y legisladores a ejercer su responsabilidad «promoviendo una sociedad verdaderamente inclusiva, donde toda vida humana, sin excepción, sea acogida y cuidada». Esto implica no solo abordar el tema del aborto, sino también considerar otras iniciativas que protejan y promuevan la dignidad de la vida humana en todas sus etapas.
Es importante que el debate sobre la despenalización del aborto se dé en un marco de respeto y diálogo, donde se escuchen las diversas perspectivas y se busque encontrar soluciones que equilibren los derechos y necesidades de todas las partes involucradas. Solo así se podrá construir una sociedad más justa e inclusiva, donde la vida humana, en todas sus formas, sea verdaderamente valorada y protegida.
Hacia una Sociedad Más Inclusiva
Más allá de la discusión sobre el aborto, las autoridades tienen la responsabilidad de promover políticas y programas que brinden apoyo integral a las mujeres, a las familias y a los grupos más vulnerables de la sociedad. Esto puede incluir desde mejoras en la atención de salud materna y perinatal, hasta la implementación de redes de asistencia social y oportunidades de desarrollo económico y educativo.
Solo a través de un enfoque holístico y de una verdadera voluntad de construir una sociedad más justa e inclusiva, se podrá garantizar que «toda vida humana, sin excepción, sea acogida y cuidada», tal como lo ha solicitado la Iglesia Católica en Chile.
