En un giro inesperado en el Caso Convenios, la defensa de Sebastián Polanco, uno de los imputados, ha presentado una denuncia por asociación ilícita contra la jueza de la Corte de Apelaciones de Concepción, Mathilde Esquerré Pavón, las fiscales Marcela Cartagena y María José Aguayo, así como el empresario Paul Esquerré.
Según el abogado Mauricio Vera, quien ahora representa a Polanco, existe una confabulación en torno a la prisión preventiva decretada para su cliente, mientras que Benjamín Pavón, de la arista Fundación Bonhomía, se encuentra con arresto domiciliario total.
La denuncia se basa en varios vínculos que el defensor ha logrado establecer. Por un lado, señala el nexo familiar entre la ministra Esquerré y el presidente de Irade, una empresa también investigada en el caso. Además, apunta a la relación de este último con la fiscal Aguayo, quien solicitó el cambio de arresto domiciliario a prisión preventiva para Polanco.
Por otra parte, el abogado Vera cuestiona que la investigación de la vertiente Irade no avance al mismo ritmo que la de la Fundación En Ti, en la que se encuentra Polanco. Atribuye esta diferencia a los vínculos entre la fiscal Cartagena y su esposo, el abogado Álvaro Inostroza, quien asesoró a Irade, la ministra Esquerré, la fiscal Aguayo y Paul Esquerré.
Ante esta situación, la fiscal Cartagena ha remitido los antecedentes de la denuncia al jefe nacional del Ministerio Público, Ángel Valencia, para que un persecutor de otra región investigue la supuesta asociación ilícita detrás del Caso Convenios.
Este nuevo desarrollo pone en tela de juicio la imparcialidad y la transparencia de la investigación, abriendo la puerta a posibles conflictos de intereses y encubrimientos dentro del sistema judicial y fiscal. ¿Hasta dónde llega la trama oculta en este escándalo?
