El abogado Gabriel Salinas, militante del Partido Socialista (PS), ha interpuesto una querella por fraude al fisco en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago contra funcionarios públicos que habrían incumplido sus reposos médicos mientras viajaban al extranjero. La acción legal responde a un informe de la Contraloría General de la República (CGR) que detectó 35.585 licencias médicas con irregularidades entre 2023 y 2024, incluyendo 25.078 casos de trabajadores financiados con fondos estatales.
Salinas criticó la «pasividad» de su partido y enfatizó que los funcionarios públicos «están sujetos al Estatuto Administrativo». En un comunicado, el jurista declaró que «quienes contribuyen a los fondos estatales son los trabajadores que aportan con impuestos directos e indirectos, sin los privilegios de quienes se sirven de sus cargos para conocer el mundo».
Según el informe de la CGR, los 25.078 funcionarios viajaron fuera de Chile en 59.575 oportunidades durante sus licencias médicas. El 69% de los permisos fueron emitidos por Fonasa y el 31% por isapres. Salinas señaló que estos datos exponen un «escándalo de proporciones insospechadas» y un «abuso de quienes debían estar en sus lugares de trabajo».
Fraude al Fisco y Responsabilidades Legales
La querella se sustenta en el artículo 239 del Código Penal, que sanciona a empleados públicos que defraudan al Estado. Salinas argumentó que los funcionarios incurrieron en «ardides de engaño», al viajar pese a declarar domicilios de reposo dentro de Chile. «El domicilio establecido en la licencia puede ser fiscalizado por Fonasa o isapres», insistió.
Además, el jurista invocó el artículo 111 del Código Procesal Penal, que permite a cualquier persona domiciliada en la provincia querellarse por delitos contra la probidad pública. «Tengo legitimación activa para comparecer en juicio», afirmó.
Solicitudes de Investigación
Entre las diligencias pedidas, Salinas solicitó declarar como testigos a la directora regional metropolitana de Junaeb, Caroline Harder, y a María Elena Orellana Salinas. También exigió un informe financiero al subsecretario de Hacienda para cuantificar el perjuicio fiscal.
Salinas destacó que, aunque los funcionarios no reciben el Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL), el Estado les paga sueldo íntegro durante las licencias. Además, Fonasa e isapres deben devolver los fondos correspondientes al empleador estatal si las licencias son rechazadas. «Será materia de investigación determinar cuántos casos llegaron a esta situación», agregó.
El abogado también citó el artículo 10 del D.S. N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, que define la licencia médica como un derecho condicionado a la certificación profesional y autorización de instituciones de salud. «La Corte Suprema ha reconocido que estos certificados son instrumentos privados», recordó.
