La reciente participación de la candidata a senadora por la región de Valparaíso, María José Hoffmann (UDI), en una actividad municipal organizada por la Municipalidad de Villa Alemana ha generado una ola de controversia. Durante la celebración del Día de la Familia, realizada en el Parque Cívico de la ciudad, la aspirante al Senado fue captada cantando en un karaoke junto al alcalde Nelson Estay.
Esta situación fue denunciada por el concejal del Partido Comunista, Ignacio Navarro, quien acusó al alcalde Estay de posible proselitismo político. Navarro argumentó que las autoridades electas deben representar a todos los vecinos, no solo a su sector político. En respuesta, presentó una denuncia ante la Contraloría por presuntas faltas a la probidad administrativa.
Por su parte, María José Hoffmann, quien también se desempeña como vicepresidenta de la UDI, defendió su presencia en el evento. Afirmó que se trató de una actividad abierta al público y calificó la acusación del concejal comunista como «ignorancia y confusión sobre qué es intervencionismo», además de un «ataque burdo a una de las figuras más queridas de Villa Alemana».
Es importante destacar que el alcalde Nelson Estay, si bien es independiente, compitió en las elecciones por un cupo de Chile Vamos, el mismo conglomerado al que pertenecen María José Hoffmann y la UDI.
Esta situación ha generado un debate sobre los límites entre la participación política y el proselitismo en eventos municipales. Algunos cuestionan si la presencia de la candidata al Senado en una actividad organizada por la alcaldía constituye un uso indebido de recursos públicos con fines electorales. Por otro lado, los defensores de Hoffmann argumentan que se trató de una celebración abierta a la comunidad y que su participación no implica necesariamente un acto de proselitismo.
A medida que se desarrolla esta polémica, es fundamental que las autoridades locales y los candidatos políticos mantengan una clara separación entre sus funciones públicas y sus aspiraciones electorales, a fin de preservar la confianza de los ciudadanos en la integridad del proceso democrático.
