La Fiscalía de Perú ha presentado una nueva denuncia contra el expresidente Pedro Castillo, acusándolo esta vez de cohecho pasivo impropio por presuntamente solicitar dinero a antiguos ministros a cambio de mantenerlos en sus puestos. Esta nueva acusación se suma a los cargos previos por rebelión y abuso de autoridad tras el fallido autogolpe de diciembre de 2022.
Según el comunicado del Ministerio Público, Castillo habría exigido sobornos a los exministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado López, y de Justicia y Derechos Humanos, Félix Inocente Chero Medina, para que pudieran conservar sus cargos en el gabinete. Además, se acusa a Alvarado López de recibir coimas de una empresa a cambio de forzar cambios en la dirección y redirigir un fondo de 376 millones de soles (unos $100 millones).
Una trama de corrupción que sacude los cimientos del país
Estas nuevas revelaciones se suman a la larga lista de escándalos que han rodeado al expresidente Castillo durante su breve mandato. La Fiscalía ya había solicitado 34 años de prisión contra él por los delitos de rebelión y alteración del orden público, y ahora se enfrentan a estos nuevos cargos por corrupción.
«Esta trama de corrupción que involucra al más alto nivel de gobierno es realmente preocupante y sacude los cimientos de la democracia peruana»
, señaló un analista político local. El caso pone en evidencia la urgente necesidad de reformas estructurales para combatir la corrupción endémica que ha plagado al país durante décadas.
Implicaciones políticas y legales
La denuncia de la Fiscalía abre un nuevo capítulo en el escándalo político que rodea a Castillo, quien ya se encuentra preso e inmerso en un juicio por los cargos anteriores. Estas nuevas acusaciones podrían sumar décadas más a su condena y profundizar aún más la crisis política y social que atraviesa Perú.
Más allá de las implicaciones legales, el caso también tiene enormes repercusiones políticas. La credibilidad y legitimidad del sistema político peruano se ven seriamente cuestionadas, lo que podría generar una mayor desconfianza ciudadana y alimentar el descontento social.
En medio de esta tormenta, Perú enfrenta el desafío de reconstruir la confianza pública y establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas y transparencia gubernamental. Solo así podrá superar esta crisis y encaminarse hacia una democracia más sólida y resiliente.
