La familia del exasesor de Seguridad Nacional del Gobierno del presidente Nayib Bukele, Alejandro Muyshondt, solicitó a la Fiscalía General de El Salvador, a través de los abogados de la organización humanitaria Cristosal, que se investigue penalmente su muerte en custodia estatal. Los abogados presentaron un aviso penal en el que solicitaron a la Fiscalía una investigación por los presuntos delitos de desaparición forzada, tortura y homicidio agravado.
«Este es un caso que muestra un precedente importantísimo que debe ser investigado» y «nos preocupa enormemente el silencio de las autoridades fiscales
, dijo en una conferencia de prensa en San Salvador la abogada Zaira Navas, jefa del área Jurídica de Cristosal. Según Navas, este caso «muestra las prácticas de este Gobierno», que «son muy similares» a otros casos relacionados con el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
Un «Castigo Ejemplarizante»
La abogada expuso que, en este caso en particular, siendo Muyshondt una persona de «absoluta confianza del presidente de la República», probablemente se quiso poner un ejemplo, poniendo un castigo ejemplarizante. Relató que en este caso se habría dado una «privación absoluta de la libertad, negándole cualquier tipo de derecho de defensa, de relación con su familia, sometiéndolo a prácticas de tortura».
Silencio Preocupante de las Autoridades
Por su parte, el abogado David Morales, también de Cristosal, señaló que es «inusual» que no se conozca la respuesta dada por el Estado a las Naciones Unidas tras varios meses de que el organismo solicitó información. «A más de 9 meses de que se dio esta comunicación con los mecanismos especiales lo que hay es silencio por parte del Estado»
, acotó Morales.
Según Human Rights Watch (HRW), los hallazgos de un informe elaborado por expertos forenses internacionales «se enmarcan dentro de un patrón más amplio de violaciones de derechos humanos y abusos de poder en El Salvador».
