Los partidos oficialistas han emitido una declaración pública expresando su preocupación y enérgica condena ante la decisión del Ministerio Público de no perseverar en 1.509 causas que investigaban violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social de 2019.
Según la misiva, firmada por la Federación Regionalista Verde Social, Partido Acción Humanista, Partido Liberal, Frente Amplio, Partido Radical, Partido Socialista y el Partido Comunista, esta decisión constituye un «acto flagrante de denegación de justicia», manifestando una «clara voluntad institucional por la impunidad de las acciones ilícitas ejecutadas» por agentes del Estado.
Llamado a Revertir la Medida
Los partidos oficialistas señalan que esta situación socava la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para garantizar la protección de los derechos fundamentales, permitiendo que la impunidad se instale y enviando un «mensaje peligroso de permisividad ante posibles abusos».
En este sentido, hacen un llamado al Ministerio Público para que, en el ejercicio de sus facultades legales, revierta esta medida y cumpla con la obligación de lograr verdad, justicia y reparación por las graves violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.
Antecedentes Internacionales
Cabe destacar que las violaciones de derechos humanos en Chile durante el estallido social habían sido denunciadas por diversas entidades internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Estas organizaciones coincidían en llamar al Estado chileno para investigar, sancionar a los responsables y adoptar medidas para prevenir futuras violaciones, lo que ahora se ve comprometido por la decisión de la Fiscalía.
Denegación de Justicia y Pactos Internacionales
Según los partidos oficialistas, la denegación de justicia en el marco de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos se refiere a la falta de acceso efectivo a recursos judiciales para la protección de los derechos reconocidos en dichos tratados. En este caso, sostienen que se ha incumplido con la obligación de asegurar que las víctimas tengan acceso a recursos efectivos y a una reparación adecuada.
Por lo tanto, exigen que el Ministerio Público revierta su decisión y cumpla con su deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos, brindando a las víctimas la verdad, justicia y reparación que merecen.
