La Defensoría Pública se encuentra en el ojo del huracán luego de que diputados de la región del Bío Bío solicitaran una investigación administrativa al jefe del organismo en Los Ángeles, Patricio Gutiérrez, debido a su vínculo matrimonial con la abogada Susana Cortes, quien está imputada por delitos relacionados con una banda narco conocida como «Los Corbata».
Según fuentes cercanas a la Defensoría, el año pasado se realizó un allanamiento al hogar del matrimonio Gutiérrez-Cortes, pero la institución descartó entonces una investigación interna, argumentando que la diligencia solo tenía que ver con la esposa del defensor. Sin embargo, los nuevos antecedentes revelados por un reportaje de BioBioChile han puesto en jaque la posición de la Defensoría.
Vínculo Matrimonial y Presunta Complicidad
La gravedad de las imputaciones contra la abogada Cortes, quien habría cometido diversos delitos en favor de sus clientes de la banda narco, ha llevado a los diputados Eric Aedo (DC) y Flor Weisse (UDI) a exigir una investigación administrativa sobre el defensor Gutiérrez.
«No se trata de prejuzgar a alguien por lo que hace su cónyuge, sino de hacerse cargo de algo tan grave como lo que se imputa a la abogada Susana Cortes»
, señaló la diputada Weisse, haciendo hincapié en la necesidad de que la Defensoría asuma su responsabilidad en este caso.
Antecedentes Clave
Según la información disponible, el fiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán, su esposa Andrea Romero (abogada) y la socia de esta última, Susana Cortes (cónyuge del defensor Gutiérrez), están imputados por delitos como cohecho, violación de secreto y tráfico de drogas.
La Defensoría Regional del Biobío ha señalado que, hasta el momento, no cuenta con antecedentes concretos que vinculen la investigación criminal con defensores, funcionarios o colaboradores de la institución. Sin embargo, los parlamentarios consideran que la gravedad de las acusaciones contra la abogada Cortes obliga a la Defensoría a tomar cartas en el asunto.
Llamado a la Transparencia y Rendición de Cuentas
Ante este escenario, la ciudadanía espera que la Defensoría Pública asuma su responsabilidad y lleve a cabo una investigación administrativa exhaustiva sobre el vínculo entre el defensor Gutiérrez y la abogada Cortes, con el fin de esclarecer si existió algún tipo de complicidad o negligencia por parte del funcionario.
La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para mantener la confianza de la población en las instituciones públicas. Este caso representa un desafío importante para la Defensoría, que deberá demostrar su compromiso con la integridad y la ética profesional.
