Diego Ancalao, el primer imputado en el Caso Convenios en Los Lagos, ha enviado una carta a la Fiscalía Nacional denunciando irregularidades en la investigación en su contra. En ella, Ancalao insiste en que existen vicios en el proceso y solicita que se formalice al exgobernador de Los Lagos por su presunta responsabilidad en las ilegalidades relacionadas con la adjudicación de fondos.
Según Ancalao, la carpeta de investigación demuestra que el exgobernador Vallespín está directamente involucrado en las irregularidades. Además, Ancalao afirma que se han violado sus derechos, incluyendo el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, al considerar su pertenencia a una comunidad mapuche como un peligro de fuga que justificó su prisión preventiva.
En la carta, Ancalao solicita dos cosas principales: 1) Que se sancione a la fiscal regional por no aplicar el debido proceso y 2) Que se formalice al exgobernador Vallespín, ya que la evidencia apunta a su responsabilidad directa en las ilegalidades.
«Ahí pedimos dos cosas. Lo primero es que se sancione a la fiscal regional, porque no se aplica el debido proceso, porque se ha violado el Convenio 169 en mi caso. Y en segundo lugar, porque la carpeta arroja que el señor Vallespín es responsable directamente en las ilegalidades de la adjudicación de los fondos.»
Ancalao advierte que, de no recibir una respuesta satisfactoria de la Fiscalía Nacional, recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que su detención preventiva se basó en criterios discriminatorios relacionados con su pertenencia a una comunidad indígena.
Por el momento, la Fiscalía Regional de Los Lagos ha señalado que están revisando la veracidad del envío de la carta, mientras que el Gobierno Regional no ha emitido declaraciones al respecto.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de garantizar un proceso justo y transparente, respetando los derechos de los imputados, independientemente de su origen étnico. La exigencia de formalizar al exgobernador también plantea interrogantes sobre la posible responsabilidad de las autoridades en las irregularidades denunciadas.
