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miércoles, abril 16, 2025

Alivio Tributario para la Primera Vivienda: Propuesta Republicana Genera Debate

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Los Republicanos han resucitado una propuesta que surgió en el Consejo Constitucional durante el 2023: la eliminación del pago de contribuciones para la primera vivienda. Según la colectividad, esta medida beneficiaría a 750,000 contribuyentes.

Actualmente, 3.6 millones de predios agrícolas (43%) están afectos a impuestos, mientras que cerca de 1.3 millones de viviendas (23%) pagan impuesto territorial. La propuesta de los Republicanos busca eliminar el pago de contribuciones para la primera vivienda y avanzar progresivamente hacia la suspensión del cobro para quienes tengan más de una propiedad.

Impacto Fiscal y Debate Político

Según el presidenciable de los Republicanos, José Antonio Kast, la eliminación de las contribuciones tendría un costo de 380 millones de dólares, el cual no afectaría al Fondo Común Municipal, ya que se compensaría con una redistribución del gasto público.

Sin embargo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha señalado que la medida ya fue rechazada por la ciudadanía en el plebiscito de diciembre de 2023 y que, de implementarse, sería sumamente perjudicial para las municipalidades.

Perspectivas y Desafíos

Kast ha emplazado al resto de los candidatos de derecha a sumarse a la discusión y trabajar en un plan que permita la implementación gradual y responsable de esta propuesta. Sin embargo, el Gobierno ha sido claro en su rechazo, lo que plantea un escenario de tensión política y debate sobre las prioridades fiscales.

Es importante considerar que, si bien la eliminación de las contribuciones podría aliviar la carga tributaria de los propietarios de primera vivienda, también podría generar una disminución significativa en los ingresos municipales, lo que podría afectar la prestación de servicios públicos y el desarrollo local.

En resumen, la propuesta de los Republicanos genera un debate sobre el equilibrio entre el alivio tributario y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Su implementación requerirá un diálogo constructivo y un análisis exhaustivo de los impactos para encontrar una solución que beneficie a los contribuyentes sin perjudicar a las municipalidades.

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