La Acusación Constitucional contra la exministra de Defensa, Maya Fernández, ha generado un intenso debate político y jurídico en Chile. El diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán, integrante de la Comisión revisora de esta acusación, ha manifestado su preocupación ante la negativa de algunos parlamentarios del oficialismo de aceptar a ciertos invitados propuestos por él para comparecer ante la comisión.
Durán señaló que preparó una extensa lista de posibles testigos, entre los que se encontraba el exjefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi. Sin embargo, algunos de sus colegas miembros de la comisión mostraron «demasiada suspicacia» respecto a la participación de Crispi, a pesar de que su testimonio podría ser clave para esclarecer los hechos relacionados con la polémica compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
Objetividad y Transparencia en la Investigación
El diputado Durán insistió en la importancia de que la comisión actúe con objetividad y no con sesgos políticos. Señaló que es fundamental que se esclarezcan todas las interrogantes relacionadas con el rol de Crispi y otros actores clave en la transacción de la propiedad adquirida por la exministra Fernández.
La pregunta es muy simple: si el exjefe de asesores no estaba al tanto de todo lo que se estaba ejecutando respecto a esta compra, las propuestas y los destinos finales de este inmueble, ¿quién lo estaba? Hay interrogantes claves que él podría ayudar a esclarecer para determinar si procede o no la acusación contra la exministra
, indicó Durán.
Composición de la Comisión Revisora
La comisión encargada de revisar la Acusación Constitucional contra la exministra Fernández está compuesta por cuatro parlamentarios del oficialismo y uno de oposición: Alexis Sepúlveda (Partido Radical), los socialistas Leonardo Soto y Jaime Naranjo, Emilia Schneider (Frente Amplio) y el diputado -suspendido de Renovación Nacional- Jorge Durán.
Esta composición, con una clara mayoría oficialista, ha generado preocupación en torno a la imparcialidad y exhaustividad de la investigación. Durán ha denunciado la «reticencia» de algunos de sus colegas a aceptar la participación de ciertos testigos clave, lo que podría limitar el alcance de la revisión.
Hacia una Investigación Integral y Transparente
La Acusación Constitucional contra la exministra Fernández plantea importantes desafíos en términos de transparencia, objetividad y rendición de cuentas. Es fundamental que la comisión revisora actúe con total independencia y rigor, escuchando a todos los actores relevantes y analizando exhaustivamente todos los antecedentes, sin sesgos políticos.
Solo de esta manera se podrá determinar si existen méritos suficientes para proceder con la acusación o si, por el contrario, se trata de una situación que requiere de un análisis más profundo y una eventual exculpación de la exministra. La ciudadanía espera que este proceso se lleve a cabo con la máxima transparencia y responsabilidad.
Es crucial que la comisión revisora cumpla con su deber de esclarecer los hechos y garantizar que se respeten los principios de debido proceso y Estado de Derecho. Solo así se podrá generar la confianza necesaria en el sistema político y judicial de Chile.
