La comunidad de Colliguay, en la región de Valparaíso, ha dado un paso decisivo al denunciar ante la Contraloría General de la República las irregularidades detectadas en el proceso de tramitación del proyecto minero de la Sociedad Minera Carmelita. Representantes de la organización Colliguay Sin Mineras, junto a consejeros regionales y diputados, han exigido una investigación exhaustiva sobre posibles violaciones a la probidad administrativa y actos de corrupción en el otorgamiento de permisos a esta iniciativa.
Según la información proporcionada, el proyecto minero de la Sociedad Minera Carmelita sería a cielo abierto y estaría ubicado cerca del sector de El Molino, hacia Cerro Viejo, donde anteriormente hubo otra actividad minera. La concejala de Quilpué, Paula Castro, ha señalado que esta nueva iniciativa representa una amenaza para la salud y el ecosistema de la zona.
«Esta acción se suma a otras que ha tomado la comunidad del sector, y acusamos que el proyecto no pasó por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental»
, afirmó la consejera regional María Elena Rubilar, quien resalta la preocupación de los habitantes por la falta de transparencia en el proceso.
Por su parte, el diputado Diego Ibáñez ha denunciado que algunas de las personas a cargo del diseño de la Minera Carmelita también se desempeñaban como funcionarios del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, así como en la Secretaría Regional Ministerial de Minería. Esto plantea serias dudas sobre posibles conflictos de interés y la objetividad del proceso de evaluación.
El parlamentario ha expresado que este requerimiento ante la Contraloría tiene como objetivo evitar que se otorguen los permisos a la Minera La Carmelita, así como prevenir cualquier acto de corrupción en el otorgamiento de los permisos ambientales necesarios para su funcionamiento. Además, ha recalcado la importancia de proteger la biodiversidad y el frágil ecosistema del valle de Colliguay.
La comunidad de Colliguay ha demostrado su determinación por defender su territorio y exigir transparencia en los procesos de desarrollo de proyectos que puedan afectar su entorno. Esta denuncia ante la Contraloría representa un paso crucial para garantizar que las autoridades competentes investiguen a fondo las irregularidades denunciadas y tomen las medidas necesarias para proteger los intereses de la población local y el medio ambiente.
