Un grupo diverso de alcaldes y alcaldesas de la Región Metropolitana se reunió con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, con el objetivo de solicitar celeridad en la tramitación del proyecto de Ley de Seguridad Municipal, que se encuentra estancado en el Congreso.
La iniciativa busca fortalecer el papel de los municipios en la seguridad pública y la prevención del delito, abordando ejes clave como la equiparación de recursos, la protección de los funcionarios municipales, la participación ciudadana y la asignación de nuevas atribuciones para hacer frente a la crisis de inseguridad en los barrios.
Urgencia y Unidad Política
Los alcaldes presentes, provenientes de un amplio espectro político que incluye desde la Asamblea Democrática (ADC) hasta el Partido Comunista, así como independientes, coincidieron en la necesidad de priorizar la aprobación de esta ley sin más demoras.
Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, criticó la lentitud del Legislativo, señalando que «las dinámicas que vivimos en nuestras comunas, que nos hacen enfrentar con pocas herramientas la crisis de seguridad, no están siendo tomadas con la misma urgencia por los parlamentarios».
Por su parte, Claudio Castro, alcalde de Renca, anunció que sostendrán conversaciones con la comisión conjunta de Gobierno Interior y Seguridad del Senado, haciendo un llamado a la oposición para que se sume a esta discusión urgente.
Protección a Funcionarios Municipales
Uno de los puntos clave de la Ley de Seguridad Municipal es el aumento de las penas para quienes agredan a los funcionarios municipales, un aspecto que cuenta con el respaldo transversal de los alcaldes.
Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, enfatizó la necesidad de un estatuto único que proteja a los trabajadores municipales, muchos de los cuales se encuentran contratados a honorarios y desprotegidos.
Compromiso del Gobierno
La subsecretaria Leitao respaldó el reclamo de los alcaldes, reconociendo que los funcionarios de seguridad municipal no cuentan con un reconocimiento jurídico ni garantías adecuadas, lo que los expone a ser detenidos por intervenir en delitos flagrantes.
En respuesta, el Gobierno instruyó a la Segpres para cambiar el estatus del proyecto a «discusión inmediata», con el objetivo de avanzar en los puntos de acuerdo y fortalecer el rol preventivo y coordinado de los municipios.
Los alcaldes, por su parte, iniciarán una ronda de reuniones con parlamentarios para exigir avances concretos antes de finales de mes, con la esperanza de que la Ley de Seguridad Municipal pueda ser aprobada en el corto plazo.
