En un golpe contundente a la delincuencia organizada, las autoridades de Calama, en la región de Antofagasta, han logrado desmantelar una peligrosa banda dedicada al robo sistemático de cobre concentrado desde las instalaciones de la División Ministro Hales de Codelco, la principal empresa minera estatal de Chile.
Según informó la Fiscalía Regional, la investigación, liderada por la Brigada de Investigación Criminal de la PDI, reveló que el grupo criminal coordinaba la salida de camiones cargados con hasta 20 toneladas de concentrado de cobre desde las dependencias de Codelco, para luego descargar y almacenar el valioso material en un sector del puerto seco de Calama, donde posteriormente lo vendían a terceros.
El Fiscal Regional (s) de Antofagasta, Eduardo Peña Martínez, explicó que a través de diversas técnicas de inteligencia, lograron establecer el destino final de los robos y obtener la autorización judicial necesaria para realizar un operativo que permitió la detención in fraganti de los presuntos responsables.
«Pudimos hacer ingreso a ese lugar y sorprender a los involucrados, logrando la detención de la persona que coordinaba la salida de los camiones, el comprador del material, los transportistas y los cargadores».
El jefe de la Región Policial Antofagasta de la PDI, prefecto inspector Jorge Aguillón Vidal, señaló que los detenidos fueron formalizados por los delitos de hurto agravado y receptación de especies, en carácter reiterado. Tres de ellos quedaron sujetos a prisión preventiva por representar un peligro para la seguridad de la sociedad, mientras que el resto recibió arresto domiciliario, arraigo nacional y la obligación de firmar periódicamente.
Cabe destacar que el tribunal dispuso un plazo de 200 días de investigación para determinar la participación de otros posibles implicados y establecer el monto total del perjuicio económico causado a Codelco, que según las primeras estimaciones superaría los 55 mil dólares por cada cargamento robado.
Este golpe al crimen organizado en la industria minera es un claro mensaje de que las autoridades no tolerarán este tipo de actividades delictivas que ponen en riesgo la seguridad y la estabilidad de las operaciones estratégicas para el desarrollo económico del país.