En una respuesta contundente, el abogado Gabriel Osorio, en representación de la senadora Isabel Allende (PS), ha solicitado el rechazo completo de los dos requerimientos presentados por la oposición ante el Tribunal Constitucional. Esto se enmarca en la polémica y fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
La adquisición, que supuestamente vulneraba la prohibición constitucional de que ministros y parlamentarios celebren contratos con el Estado, fue finalmente anulada por La Moneda. Sin embargo, la bancada del Partido Republicano fue la primera en presentar un requerimiento, exigiendo la cesación en el cargo de la senadora Allende. Días después, Chile Vamos se sumó a la acusación, alegando que la parlamentaria socialista había suscrito un contrato inconstitucional.
La Defensa de la Senadora Allende
En el documento presentado, la defensa de la senadora Allende argumenta que los requerimientos de la oposición muestran erróneamente lo sucedido con la fallida compra del inmueble. Según la respuesta, el inicio del procedimiento administrativo se dio en el marco de las obligaciones jurídicas del Estado de Chile sobre la preservación de la memoria histórica, lo cual tiene su origen tanto en el Derecho Internacional como en el Derecho Público chileno.
Además, se cita la Ley de Presupuesto 2024, en la que se consideraron recursos para la adquisición de las casas presidenciales. La partida presupuestaria del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la cual fue debidamente aprobada tanto en general como en particular por el Congreso Nacional, estableció expresamente la adquisición de dichas viviendas
, se indica en el documento.
Perfeccionamiento del Contrato
La defensa de la parlamentaria oficialista también señala que, en el derecho público, la contratación requiere de una serie de actos administrativos, tanto previos como posteriores, para su debida perfección y plena producción de efectos jurídicos. En este caso, el Decreto Aprobatorio del procedimiento administrativo de compra no se dictó, por lo que el contrato no llegó a nacer a la vida del derecho.
Solo una vez que se dictara el Decreto Aprobatorio (que no se dictó), el procedimiento administrativo de compra y adquisición del bien inmueble en cuestión por parte del Estado se perfeccionaría, pudiendo recién en ese instante producir el mismo todos sus efectos
, se agrega en la respuesta.
En conclusión, la defensa de la senadora Allende solicita el rechazo total de los requerimientos presentados por la oposición, argumentando que la fallida compra se enmarcaba en obligaciones legales del Estado y no tenía un interés privado.
