En la comuna de Florida, región del Bío Bío, se ha desatado una controversia en torno a la compra de un vehículo oficial realizada por el alcalde, Rodrigo Montero. Según informan los concejales, la adquisición de un todoterreno Toyota Fortuner, valorado en más de $42 millones, no contó con la debida autorización del Concejo Municipal, lo que ha llevado a que varios ediles recurran a la Contraloría para que se pronuncie al respecto.
Cuestionamientos a la Compra
De acuerdo con el concejal Marcos Hidalgo, el problema radica en que el alcalde Montero primero compró el vehículo y luego convocó a una votación en el Concejo para que se autorizara dicha adquisición, lo cual estaría fuera de la normativa vigente. Según el reglamento, la compra de un vehículo para uso del alcalde solo podría realizarse si el monto no supera las 500 Unidades Tributarias Mensuales, es decir, aproximadamente $33.7 millones, cifra que fue ampliamente superada en este caso.
Posición de los Concejales
Si bien los concejales no se oponen a que el alcalde cuente con un vehículo oficial para sus funciones, consideran que todo el proceso debe llevarse a cabo de manera transparente y apegada a la legalidad. Por eso, junto a otros cuatro ediles, han recurrido a la Contraloría para que sea este organismo fiscalizador el que emita una resolución sobre la compra realizada.
Acciones del Municipio
Consultada la Municipalidad de Florida, las autoridades declinaron hacer declaraciones públicas, pero informaron que se ha instruido un sumario administrativo para estudiar las posibles responsabilidades por la adquisición del vehículo. Además, señalaron que antes de que se perfeccionara el pago, el Concejo Municipal había rechazado la votación para autorizar la compra del todoterreno.
Conclusión
Este caso pone de manifiesto la importancia de que las autoridades locales respeten los procedimientos establecidos y rindan cuentas a la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos. La intervención de la Contraloría será clave para esclarecer las eventuales irregularidades y determinar las responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de esta situación.
