La lentitud del sistema judicial en la resolución de casos de violencia rural ha generado una creciente preocupación entre fiscales, legisladores y la comunidad. El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, ha denunciado en su Cuenta Pública el problema de la dilación de las audiencias en causas emblemáticas, lo que afecta gravemente la posibilidad de brindar justicia oportuna.
Garrido puso como ejemplo el homicidio del suboficial Francisco Benavides, donde la preparación del juicio fue aplazada en aproximadamente diez ocasiones por diversos motivos. En esta causa, la Fiscalía dispuso de 197 días (6,5 meses) luego de formalizada la investigación para presentar la acusación, pero desde entonces hasta la audiencia efectiva de preparación de juicio oral transcurrieron 852 días (casi 28 meses). La desproporción es considerable y preocupante, y refleja problemas de gestión, (y eventualmente de abuso del derecho) que pueden terminar debilitando el sistema de garantías para todos los ciudadanos
, señaló Garrido.
Impacto en la Confianza Pública y las Víctimas
Para la diputada por La Araucanía, Gloria Naveillán, esta situación es sumamente preocupante y se ha mostrado abierta a la posibilidad de legislar al respecto. Por su parte, el diputado de la UDI, Henry Leal, considera que se trata de un abuso de las maniobras procesales de los abogados, y llama a legislar para poner fin a estas prácticas.
Según Garrido, esta reiteración de aplazamientos afecta gravemente la posibilidad de brindar justicia oportuna y socava la confianza de la comunidad en el sistema judicial, prolongando el sufrimiento de las víctimas. Lamentablemente, el defensor regional no respondió a los requerimientos de Radio Bío Bío para conocer su opinión sobre esta problemática.
Posibles Soluciones Legislativas
Ante esta situación, tanto Naveillán como Leal han abierto la puerta a la posibilidad de legislar para abordar los retrasos excesivos en las audiencias de casos de violencia rural. Esto podría incluir medidas como plazos más estrictos para la celebración de las audiencias, sanciones a los abogados que abusen de maniobras dilatorias y una mayor supervisión del proceso judicial por parte de las autoridades competentes.
La búsqueda de soluciones efectivas que permitan agilizar la administración de justicia en estos casos emblemáticos se ha convertido en una prioridad, con el objetivo de restablecer la confianza pública y brindar una justicia oportuna a las víctimas y sus familias.
