El Gobierno de Chile se ha propuesto presentar un proyecto de ley para despenalizar el aborto, una de las banderas que levantó durante la campaña electoral. Sin embargo, esta iniciativa enfrenta importantes desafíos en el Congreso, donde el Gobierno no cuenta con mayoría para su aprobación.
Según lo anunciado por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, el Ejecutivo ha estado realizando un trabajo legislativo soterrado, mediante conversatorios con organizaciones de la sociedad civil. No obstante, la ministra también señaló que el Gobierno está a la espera de la resolución del nuevo reglamento de despenalización en tres causales, que actualmente se tramita en la Contraloría General de la República. Esto definirá si es necesario avanzar con un proyecto de ley.
Obstáculos en el Congreso
El principal escollo para el Gobierno se encuentra en la oposición, que se impone en número en el Congreso. Ximena Ossandón, diputada y jefa de bancada de Renovación Nacional, expresó sus críticas a la iniciativa, señalando que ver el anuncio de la vocera embarazada me chocó
. Por su parte, Joanna Pérez, diputada y jefa del comité de Demócratas, Amarillos e independientes, aseguró que no dan los tiempos para debatir la iniciativa en el corto plazo.
Incluso en los sectores progresistas al margen de la alianza de Gobierno, como la Democracia Cristiana (DC), tampoco estarían dispuestos a apoyar la iniciativa, complicando aún más el avance de la propuesta.
Perspectivas y Desafíos
Desde el Ejecutivo son conscientes del adverso escenario que enfrenta la iniciativa en su debate legislativo, lo que se suma a los plazos de discusión del proyecto que se prevén extensos ante el desacuerdo que genera la idea en el Congreso. En ese sentido, altas autoridades de Palacio señalan que no ven probable avanzar en que la despenalización del aborto sea ley al menos durante la actual administración.
El Gobierno de Chile se enfrenta a un importante reto al buscar presentar su proyecto de ley de despenalización del aborto. La falta de mayoría en el Congreso y la oposición de diversos sectores políticos complican el avance de esta iniciativa clave de la agenda de derechos. El Ejecutivo deberá desplegar una estrategia legislativa sólida y negociadora para lograr avances en esta materia.
