En un sorprendente giro de eventos, una imputada por el caso de los convenios de la Fundación En Ti, Camila Polizzi, denunció que un cabo de Carabineros le había solicitado un préstamo de 20 millones de pesos. Esta revelación sacude los cimientos de la confianza pública en las fuerzas del orden y expone las vulnerabilidades que enfrentan los ciudadanos bajo el sistema de justicia.
Según los mensajes de WhatsApp revelados, el uniformado, que supuestamente era el encargado de certificar el cumplimiento del arresto domiciliario de Polizzi, se acercó a ella en repetidas ocasiones, insistiendo en su solicitud de ayuda financiera. El cabo alegaba tener problemas familiares y deudas que debía resolver, justificando su peculiar pedido por la falta de una red de apoyo en Concepción, ya que su familia se encontraba en Cauquenes.
Abuso de Poder y Fallas en el Sistema
La situación se agrava aún más al revelarse que el cabo en cuestión no era el encargado de supervisar el arresto domiciliario de Polizzi, sino que su función era la de conductor de la patrulla. Esto evidencia una falla en el sistema de control y supervisión de las medidas cautelares, exponiendo la vulnerabilidad de los imputados ante posibles abusos de poder.
Nunca había visto al uniformado y era la primera vez que él controlaba mi arresto domiciliario
, declaró Polizzi, dejando en claro la falta de familiaridad entre ella y el cabo que le solicitaba el préstamo.
Investigación Interna y Acción Penal
Ante la denuncia de Polizzi, Carabineros se vio obligado a abrir una investigación interna, mientras que los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para una causa penal. Este proceso busca esclarecer las circunstancias del incidente y determinar si hubo abuso de autoridad por parte del cabo.
La situación pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión dentro de las fuerzas del orden, así como de garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos bajo medidas cautelares. Solo así se podrá restaurar la confianza pública y asegurar que casos como este no vuelvan a repetirse.
La lucha por la justicia y la transparencia en el sistema judicial sigue siendo un desafío constante, y este incidente es un recordatorio de la importancia de mantener vigilancia y exigir rendición de cuentas a quienes tienen el deber de servir y proteger a la comunidad.
