El Gobierno Regional de Los Ríos ha tomado medidas enérgicas para investigar posibles irregularidades en el concurso del Fondo Vida en Comunidad de 2025. Según informes, la Fiscalía y la Contraloría están investigando un presunto fraude relacionado con la entrega de recursos a juntas de vecinos en el marco del lineamiento de Seguridad Ciudadana.
Comisión Especial y Suspensión de Fondos
En respuesta a estas acusaciones, el gobernador regional, Luis Cuvertino, ha anunciado la creación de una comisión especial integrada por cinco funcionarios de alto rango del GORE. Esta comisión tendrá la tarea de revisar exhaustivamente los antecedentes del caso y determinar posibles responsabilidades administrativas.
Además, Cuvertino confirmó que se ha decidido congelar el traspaso de recursos, que ascendía a cerca de 800 millones de pesos, lo que afectará a aproximadamente 80 juntas de vecinos que habían sido beneficiarias.
Investigación en Curso
Según lo informado, la Fiscalía y la Contraloría están investigando un presunto financiamiento a una empresa asociada a una exjefatura del organismo de la administración anterior. Esto habría dado lugar a las supuestas irregularidades en la entrega de recursos del Fondo Vida en Comunidad.
La suspensión de las subvenciones en Seguridad Ciudadana afectará a cerca de 80 organizaciones sociales, pero el gobernador regional aseguró que la intención es entregar garantías a las juntas de vecinos que postularon, con el fin de concretar el pago de las subvenciones una vez que se aclaren las presuntas irregularidades.
Transparencia y Rendición de Cuentas
Estas medidas adoptadas por el Gobierno Regional de Los Ríos demuestran su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Al crear una comisión especializada y suspender temporalmente los fondos, las autoridades buscan garantizar que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.
La población de Los Ríos espera que esta investigación arroje luz sobre las presuntas irregularidades y que se tomen las acciones necesarias para garantizar el correcto uso de los recursos públicos destinados a las comunidades.
