A tan solo 27 días de que finalice el plazo otorgado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que las autoridades habiliten los albergues correspondientes y concreten el desalojo de las más de 10,000 personas que habitan en la Megatoma del Cerro Centinela de San Antonio, la incertidumbre y preocupación continúan rodeando este complejo proceso.
Durante una reciente declaración, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, aseguró que el gobierno respetará la orden judicial que exige la expulsión de los ocupantes del terreno. Sin embargo, el secretario de estado también afirmó que se mantienen trabajando para evitar el desalojo hasta el último momento, ya que, según su criterio, el proceso de expulsión de las 4,000 familias sería de «alto riesgo«.
Por su parte, el Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, advirtió sobre los serios problemas logísticos que enfrentaría el eventual desalojo, debido a la alta cantidad de funcionarios de Carabineros que se necesitarían, considerando el déficit de dotación policial que posee la región. Mundaca señaló que, en las actuales condiciones, el operativo de expulsión podría tardar cerca de 1 año en completarse.
Es importante destacar que los dueños del terreno donde se encuentra la Megatoma, la inmobiliaria San Antonio, se han negado a cualquier tipo de conciliación, asegurando que cualquier mediación por parte de los ocupantes sería «de carácter ilegal«. Esto ha dificultado aún más la búsqueda de una solución negociada entre las partes involucradas.
Ante este escenario, el gobierno se enfrenta a un gran desafío: respetar el fallo judicial que ordena el desalojo, mientras intenta mitigar los riesgos y problemas logísticos que conllevaría una expulsión masiva de esta magnitud. La búsqueda de una solución equilibrada que proteja los derechos de todos los involucrados se perfila como una tarea compleja y delicada.
