La ciudad de Concepción se ha visto sacudida por una nueva tragedia, luego de que un joven de 19 años perdiera la vida en un tiroteo ocurrido en el frontis de un local nocturno que llevaba más de una década con órdenes de clausura. Según los concejales de la comuna, la falta de recursos y personal para fiscalizar estos establecimientos es la principal causa de que sigan operando de manera ilegal.
Años de incumplimiento
El local donde ocurrió el homicidio había sido clausurado en reiteradas ocasiones desde 2010, debido a diversos hechos delictivos registrados en sus instalaciones. Sin embargo, a pesar de las prohibiciones, el recinto organizó una fiesta de Halloween la noche del sábado, lo que terminó en tragedia.
La concejal Claudia Arriagada señaló que la responsabilidad de esta falta de fiscalización recae tanto en el municipio como en la Delegación Presidencial de la región. «Sabemos quiénes son los dueños de este local, pero no tenemos los recursos suficientes para mantener un control efectivo», explicó.
Por su parte, el concejal Daniel Pacheco respaldó a la municipalidad, argumentando que la escasez de funcionarios de seguridad y la necesidad de un mayor control de armas son los principales obstáculos para evitar que estos locales sigan operando de manera clandestina.
Responsabilidad compartida
El exalcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, también se pronunció sobre el tema, asegurando que durante su administración sí se realizaban fiscalizaciones al recinto. «Es una responsabilidad que recae sobre el municipio, pero también en las autoridades regionales», afirmó.
Según el concejal José Piña, estos locales funcionan de manera esporádica, lo que dificulta aún más su control. «Es una situación que se ha prolongado por años y que ahora ha derivado en una nueva tragedia. Necesitamos más recursos y personal para poder fiscalizar de manera efectiva», lamentó.
Urgente necesidad de acción
Tras el asesinato del joven, tanto los autores del homicidio como los dueños del recinto lograron huir del lugar, lo que evidencia la apremiante necesidad de que las autoridades tomen medidas contundentes para poner fin a esta problemática.
La falta de recursos y personal para mantener un control efectivo sobre los locales clausurados ha permitido que estos sigan operando de manera ilegal, con trágicas consecuencias. Ahora, las autoridades locales y regionales deberán trabajar de manera coordinada para encontrar soluciones que eviten que se repitan este tipo de hechos en el futuro.
