Hace cinco años, la promulgación de la Ley N°21.202 sobre humedales urbanos marcó un hito en la política ambiental chilena. Por primera vez, estos ecosistemas, históricamente invisibilizados o percibidos como suelos improductivos, recibieron una protección jurídica específica.
Desde entonces, se han logrado avances significativos, como el cambio cultural en torno a la valoración de los humedales, que ahora son reconocidos como infraestructura verde esencial: reguladores hídricos, reservorios de biodiversidad y barreras naturales frente a inundaciones, entre otros beneficios. La proliferación de declaratorias de humedales protegidos, que suman más de 15 mil hectáreas, y su gradual inclusión en la planificación territorial, demuestran que la normativa ha tenido concreciones reales, superando un plano meramente simbólico.
Fortalezas y Debilidades de la Implementación
Sin embargo, también emergen desafíos relevantes. La fragmentación institucional, la falta de financiamiento y ciertas deficiencias en el cumplimiento de reglas de publicidad, motivación y participación en los procedimientos de reconocimiento de humedales urbanos, se suman a la falsa dicotomía entre conservación ambiental y desarrollo económico o propiedad privada, lo que ha llevado a la impugnación de algunas declaraciones.
Perfeccionar la Implementación
El reto central radica en perfeccionar la implementación de las reglas existentes, introduciendo mejores prácticas y una mayor colaboración público-privada. Se requiere una mayor coordinación intersectorial, incentivos adecuados para los actores privados y recursos suficientes para que las municipalidades, el Ministerio del Medio Ambiente y otros organismos ejerzan con eficiencia, oportunidad y unidad de acción sus funciones.
Además, es indispensable fortalecer los criterios técnicos de delimitación, desarrollar sistemas de información robustos y asegurar mecanismos de gobernanza participativa que otorguen mayor legitimidad a las decisiones.
Consolidar Avances y Superar Fragilidades
Esta experiencia pone de manifiesto que la efectividad de la normativa no depende solo de su diseño, sino de la capacidad de articular, en torno a objetivos comunes de conservación, instituciones y actores con intereses diversos. Proteger los servicios ecosistémicos de los humedales urbanos no es un lujo, sino un requisito para el bienestar colectivo, el desarrollo sustentable y el futuro de la sociedad.
