Después de dos décadas enfrentando los desafíos de la delincuencia y el crimen organizado con diferentes estrategias y planes, Chile da un paso decisivo hacia una mayor seguridad pública. El presidente Gabriel Boric ha firmado la Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031, un instrumento de planificación integral que coordinará los esfuerzos del Estado para reducir los delitos violentos y el temor en la ciudadanía.
Esta política, resultado de un proceso participativo que involucró a diversas instituciones y actores de la sociedad civil, aborda la seguridad desde una perspectiva holística. Más allá de centrarse únicamente en las fuerzas policiales, la Política establece seis ámbitos de acción que cubren el ciclo delictivo en su totalidad: prevención, recuperación de espacios públicos, trabajo conjunto con municipios y el sector privado, entre otros.
Fortaleciendo las capacidades institucionales
Cuando el actual gobierno asumió en 2022, el diagnóstico era claro: Chile enfrentaba un Estado rezagado en sus capacidades institucionales para abordar los desafíos de seguridad. La respuesta ha sido contundente. Se ha fortalecido a las instituciones policiales, aumentando en un 16,7% el presupuesto para seguridad y orden público. Los resultados ya se hacen visibles: los ingresos irregulares han bajado en más del 48% respecto a 2021, los eventos de violencia rural en la Macrozona Sur han disminuido en cerca de un 80% y se ha logrado interrumpir la curva de homicidios que venía al alza desde 2016.
Hacia una seguridad pública más efectiva
Sin embargo, el gran desafío que enfrenta Chile no es solo contar con más recursos, sino gestionarlos de manera efectiva: con objetivos claros, instituciones públicas y privadas actuando de forma coordinada y colaborativa, con metas medibles e indicadores, y con rendición de cuentas a la ciudadanía. La Política Nacional de Seguridad Pública es la expresión material de ese desafío y será la hoja de ruta del Estado de Chile hasta 2031.
Abordando la percepción de inseguridad
Un aspecto clave de la Política es su enfoque en abordar la percepción de inseguridad de la ciudadanía, que a menudo está desajustada respecto a la victimización real. El temor paraliza, vacía nuestras calles y plazas, y genera desconfianza en nuestras comunidades. Por eso, la Política establece como objetivo prioritario reducir no solo los delitos violentos, sino también el temor en la población.
Hacia un sistema de seguridad pública más coordinado y efectivo
Para lograr estos objetivos, la Política consagra orientaciones estratégicas clave, como la interoperabilidad (que las instituciones compartan información en tiempo real), la toma de decisiones basada en evidencia (buscando soluciones reales y técnicas a problemas complejos) y la colaboración público-privada (reconociendo que la seguridad no depende solo del Estado).
Cada dos años se elaborará una estrategia que oriente al Sistema de Seguridad Pública en la priorización e implementación de las líneas de acción definidas en la Política. Este proceso de mejora continua permitirá evaluar el grado de cumplimiento de las metas, la evolución de los indicadores y la efectividad de las acciones ejecutadas.
Desde hoy y hasta 2031, Chile cuenta con un instrumento que indica la brújula de las instituciones del Sistema de Seguridad Pública, para un Estado más coordinado, fuerte y preparado. Porque hablar de seguridad es hablar de un país más justo para todas y todos, de unidad y de reconocer que Chile tiene un patrimonio que es su gente, sus barrios, su tranquilidad y su futuro, que merece una mirada seria, comprometida y de largo plazo.
