El proceso de definición de sitios prioritarios impulsado por el SBAP ha abierto un debate legítimo sobre la protección de la biodiversidad, pero también ha generado una profunda preocupación entre quienes trabajan en el sector forestal. No se trata de oponerse a la conservación, sino de advertir que las decisiones se están tomando sin un diálogo efectivo ni una evaluación transparente del impacto que podrían tener sobre las economías regionales y las miles de familias que viven del bosque.
Las pequeñas y medianas empresas forestales enfrentan una crisis prolongada: escasez de materia prima tras los incendios, caída de la producción y falta de apoyo estatal. A esto se suma el cierre de más de 200 aserraderos, lo que ha desarticulado el encadenamiento productivo que da sustento a transportistas, contratistas y comunidades rurales. La violencia y el terrorismo rural han agravado aún más este escenario, generando un clima de miedo e incertidumbre incompatible con la inversión y el trabajo digno.
Doble Preocupación para los Propietarios de Bosque Nativo
Para los propietarios de bosque nativo, la preocupación es doble. Estas nuevas restricciones de conservación se superponen a una permisología ya excesiva y a una institucionalidad que no ha logrado incentivar la recuperación ni el manejo sustentable de este, como lo demuestra el bajo desempeño de la Ley de Recuperación del Bosque Nativo.
Llamado a la Construcción Conjunta
Por eso, se hace un llamado a que este proceso se construya con los propietarios y profesionales forestales, y no a sus espaldas. Una consulta ciudadana formal no reemplaza la deliberación técnica ni el trabajo conjunto con quienes viven y cuidan los bosques. Proteger la biodiversidad y promover el desarrollo sostenible deben avanzar de la mano, con evidencia, diálogo y sentido de país.
Este no puede ser un debate capturado por los extremos: ni por el negacionismo ambiental, que desconoce los desafíos de conservación, ni por el ambientalismo dogmático, que niega la realidad productiva. Es tiempo de racionalidad, evidencia y discusión técnica, porque no hay margen de error para el sector forestal ni para las comunidades que dependen de él.
