Once años después del devastador derrame de petróleo en la Bahía de Quintero y Puchuncaví, los pescadores de la zona continúan manifestándose enérgicamente contra Enap, la empresa responsable. Este jueves, un grupo de trabajadores se tomó las boyas de descarga en el sector de Loncura, donde se ubica el terminal de la compañía, para exigir acciones concretas de los candidatos presidenciales.
Los pescadores aseguran que su forma de vida y fuente de trabajo se han visto gravemente afectadas desde aquel incidente en 2014, cuando una falla en una manguera provocó el derrame de cerca de 38.000 litros de petróleo en la bahía. Según Fabián Ogaz, presidente del Sindicato de la Caleta de Horcón, antes del derrame podían recolectar 100.000 unidades de locos anuales, mientras que ahora solo alcanzan las 3.000.
Demandas sin resolver
Carlos Cantuarias, representante legal de los afectados, ha solicitado una compensación económica de 23.000 millones de pesos por la afectación a las diferentes fuentes laborales de la zona. Sin embargo, el Estado, a través de Enap, jamás ha ofrecido una compensación real a los vecinos, limitándose únicamente a proponer medidas de reconversión laboral, como trabajos de aseo o peluquería.
Impacto devastador en la industria pesquera y turística
Según un reportaje de BBCL Investiga, el derrame de petróleo no solo afectó gravemente a la industria pesquera, sino también a la actividad turística de la región. Los pescadores y empresarios hoteleros de la zona han interpuesto una demanda en el Tribunal de Quintero por los daños patrimoniales y morales ocasionados.
Llamado a los candidatos presidenciales
En su declaración pública, los pescadores han solicitado a los candidatos presidenciales que tomen acciones concretas frente a este hecho ocurrido hace 11 años. Exigen que se les brinde una compensación justa y se implementen medidas efectivas para remediar el impacto ambiental y económico que aún persiste en la Bahía de Quintero y Puchuncaví.
La lucha de estos trabajadores por obtener justicia y reparación demuestra la urgencia de abordar de manera integral los desastres ambientales que afectan a las comunidades locales. Es momento de que las autoridades asuman su responsabilidad y ofrezcan soluciones duraderas para estas familias que han visto sus vidas trastocadas por un incidente que debió haberse evitado.
