En un fallo histórico, el Sexto Juzgado Civil de Santiago ha condenado al Estado chileno a pagar una indemnización de $20 millones a Emilia Blanco Tarrés, hermana de Domingo Bartolomé Blanco Tarrés, funcionario del gobierno de Salvador Allende y miembro del Grupo de Amigos Personales (GAP), quien fue detenido el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio de La Moneda y desaparecido desde entonces.
Durante años, Emilia buscó incansablemente a su hermano en hospitales, centros de detención, comisarías y cementerios, sin obtener respuesta. Hoy, a sus 87 años, el Estado ha sido obligado a reparar en parte el profundo dolor que le ha causado la desaparición forzada de Domingo.
Un crimen de lesa humanidad
En su fallo, la jueza Rommy Müller Ugarte desestimó los argumentos del fisco que buscaban eximirlo de responsabilidad, como la prescripción y la reparación previa. El tribunal determinó que la desaparición forzada de Blanco Tarrés constituye un crimen de lesa humanidad cometido por agentes del Estado, y que su hermana Emilia fue víctima por repercusión debido al daño moral sufrido.
El fallo destaca que el dolor provocado por la desaparición del hermano de Emilia Blanco «ha causado en su familia pesar y angustia, sentimientos que marcan la vivencia de cualquier persona que se vea expuesta a una situación traumática». Estos hechos, según el tribunal, implican «tormentos ilegítimos y degradantes que nadie está jurídicamente obligado a soportar», por lo que corresponde una reparación por parte del Estado.
La última llamada de Domingo
La demanda fue interpuesta por el abogado Nelson Caucoto Pereira, en representación de Emilia Blanco Tarrés. Domingo, conocido como Bruno o el Blanco, se desempeñaba como jefe del GAP, la guardia presidencial del mandatario socialista, según consta en el fallo.
La noche del 10 de septiembre de 1973, Domingo llamó por teléfono a su hermana. Le pidió con insistencia que no saliera de casa, que no enviara a sus hijas al colegio y que cerrara su negocio. Antes de cortar, le dijo una frase que ella nunca olvidó: «No sé si te voy a volver a ver». Esa fue la última vez que supo de él. Días después, su vivienda fue incendiada y comenzó una búsqueda que nunca terminó.
Reparación tardía, pero necesaria
Tras reconocer la responsabilidad estatal, la jueza estableció que el daño moral sufrido por Emilia Blanco, de actuales 87 años, alcanza una «gravedad excepcional». Si bien esta reparación llega décadas después, es un paso importante para reconocer el sufrimiento de las víctimas de la dictadura y sus familias.
Este fallo envía un mensaje claro: el Estado chileno no puede eludir su responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Golpe Militar. La justicia, aunque tardía, ha prevalecido en este caso, brindando un pequeño consuelo a Emilia Blanco Tarrés y honrando la memoria de su hermano Domingo, desaparecido en aquellos oscuros días de septiembre de 1973.
