Una tensa disputa judicial se ha desatado entre Gendarmería y un gendarme retirado, Rodrigo Valenzuela, por su presunta participación en la venta ilegal de curantos (drogas) a reclusos de la Cárcel Alto Bonito.
Los hechos se remontan al 11 de septiembre, cuando Valenzuela presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, reclamando por su retiro temporal del servicio tras iniciarse un sumario en su contra. El exfuncionario alega que la decisión fue arbitraria, ya que otros indagados internamente por ingresar curantos a los módulos 11 y 12 de la cárcel se mantienen en servicio.
Según Gendarmería, el 31 de mayo, Valenzuela y un interno ingresaron porciones de curantos a los módulos mencionados, por las que habrían cobrado 7.000 pesos, y no 30.000 como se informó inicialmente. La institución también reveló que nunca fueron revisados los funcionarios involucrados ni sus pertenencias, a pesar de que entraron y salieron del recinto en más de una ocasión.
Gendarmería califica las acciones de Valenzuela como graves y que afectan la imagen institucional, por lo que el director nacional tomó la determinación de apartarlo de las filas. Sin embargo, el exfuncionario alega que su retiro fue una decisión arbitraria, ya que otros indagados internamente por hechos similares se mantienen en servicio.
Ahora, la Corte de Apelaciones deberá incluir en tabla la discusión legal para ser revisada por el Tribunal de alzada. Este caso pone en evidencia las vulnerabilidades en la seguridad de las cárceles y la necesidad de fortalecer los controles internos para evitar este tipo de incidentes que ponen en riesgo la integridad de los reclusos y la imagen de la institución.
