En un movimiento audaz para hacer frente a la creciente ola de delincuencia organizada, el presidente interino de Perú, José Jerí, ha decretado un estado de emergencia en la capital, Lima, y en la vecina provincia portuaria del Callao. Esta medida, que entrará en vigor a partir de la medianoche del miércoles y se extenderá por 30 días, busca recuperar la paz y la tranquilidad en la región.
En un mensaje a la nación, Jerí expresó que «la delincuencia ha crecido de manera desmesurada», causando un «inmenso dolor a miles de familias y perjuicio a la economía nacional». El mandatario, que asumió el cargo hace apenas dos semanas tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte, afirmó que «hoy empezamos a cambiar la historia» y que la lucha contra el crimen organizado permitirá a su país «recuperar la paz y la tranquilidad».
Medidas Drásticas para Combatir la Delincuencia
Según el decreto publicado en el diario oficial El Peruano, durante la vigencia del estado de emergencia quedan suspendidos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión. Esto se produce en un momento en el que se están desarrollando una serie de protestas contra el Gobierno y el Congreso por varios motivos, entre ellos la inseguridad.
Además, las Fuerzas Armadas brindarán apoyo a la Policía Nacional en el combate al crimen organizado, realizando patrullas en zonas críticas como paraderos, estaciones de metro e instituciones asociadas. También custodiarán instituciones públicas e instalarán comandos de campaña temporales para las fuerzas combinadas en coordinación con los municipios más afectados.
Medidas en las Cárceles
El decreto también contempla medidas en las cárceles, como limitar las visitas a presos y establecer un «apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación». Además, se prevé el «desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, encargando el sostenimiento a las Fuerzas Armadas».
Contexto de Inseguridad en Perú
Esta decisión del gobierno peruano se produce en un momento de creciente preocupación por la seguridad en el país. Según datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), en el tercer trimestre de 2025 hubo 575 homicidios en Perú, la cifra más alta del año. Esta problemática fue uno de los principales motivos de la destitución de la ex mandataria Dina Boluarte.
En las últimas semanas, se han realizado paros de transportistas y movilizaciones de protesta por el impacto del crimen organizado en Lima y otras ciudades del país, que han dejado decenas de fallecidos solo en el gremio de transporte urbano.
El presidente Jerí espera que estas medidas drásticas, que incluyen la suspensión de derechos fundamentales, permitan a Perú «recuperar la paz y la tranquilidad» y hacer frente a la creciente amenaza del crimen organizado en la capital y sus alrededores.
