En un duro golpe a la Universidad de La Frontera (UFRO), la Contraloría General de la República ha ordenado a la institución reintegrar más de $4.300 millones al fisco por irregularidades en el uso de recursos públicos. Esta medida se produce tras una exhaustiva auditoría de los fondos del Aporte Institucional de Universidades Estatales (AIUE) durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2024.
Según los hallazgos de la Contraloría, la UFRO recibió más de $27.417 millones en recursos estatales durante ese período, pero solo había rendido $21.776 millones a la Subsecretaría de Educación Superior al 31 de diciembre del año pasado, dejando un saldo pendiente de ejecución de más de $5.641 millones. Aún más preocupante, al revisar las cuentas corrientes destinadas al control financiero de estos fondos, se constató un saldo de solo $1.302 millones, lo que evidencia una falta de disponibilidad de más de $4.339 millones.
Otras Irregularidades Detectadas
Pero las observaciones de la Contraloría no se detienen ahí. También se determinó que, entre junio, noviembre y diciembre de 2023, las rendiciones de la UFRO fueron observadas por la Subsecretaría de Educación debido a inconsistencias y falta de antecedentes de los gastos. Asimismo, se rechazaron otras rendiciones por déficit en la conciliación bancaria.
Adicionalmente, se verificó que, entre septiembre de 2023 y junio de 2024, se efectuaron traspasos de más de $5.650 millones desde las cuentas corrientes del AIUE para financiar remuneraciones del personal, lo cual se considera improcedente.
Devolución de Fondos y Acciones Legales
Como resultado de estas irregularidades, la Contraloría ha ordenado a la UFRO reintegrar el monto de $4.339 millones a las Rentas Generales de la Nación, debiendo acreditar los antecedentes correspondientes en un plazo de 30 días hábiles. Además, se ha ordenado la devolución de casi $53 millones más, correspondientes a fondos pendientes de ejecutar en dos proyectos.
Finalmente, la Contraloría ha remitido todos los antecedentes al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la Superintendencia de Educación, lo que podría derivar en acciones legales adicionales contra la universidad.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos en el ámbito de la educación superior. La Contraloría ha demostrado su compromiso con la rendición de cuentas y la protección del erario nacional, sentando un precedente que sin duda tendrá repercusiones en todo el sistema universitario.
