El alto costo de los medicamentos en Chile es un problema que va más allá de simples cifras. Refleja fallas estructurales profundas en nuestro sistema de salud, que han dejado a millones de pacientes sin acceso a los tratamientos que necesitan.
La razón fundamental es que los medicamentos no se incorporan de manera integral dentro de las coberturas, tanto públicas como privadas. En la práctica, siguen siendo tratados como un gasto aparte, y no como lo que realmente son: una parte esencial del derecho a la salud.
Un Sistema Fragmentado y Desfinanciado
Esta exclusión tiene consecuencias graves. Al no existir una cobertura por defecto, ni FONASA ni las ISAPRES actúan como compradores institucionales o concentradores de demanda. Esto impide aprovechar economías de escala, planificación a largo plazo y volúmenes predecibles que permitirían reducir los costos y, por ende, los precios.
El resultado es un sistema fragmentado, donde cada persona debe financiar individualmente su tratamiento, pagando precios más altos y sin acceder a los beneficios de una institucionalidad que planifique y compre con visión de país.
Gasto Público Insuficiente
Según el Segundo Estudio de Gasto Público en Medicamentos, el gasto público en medicamentos en Chile cayó de 0,51% del PIB en 2023 a 0,46% en 2024, retrocediendo a niveles de hace seis años. En contraste, países como España o Portugal destinan entre 1,6% y 1,7% del PIB a este mismo fin.
Este descenso no se explica por una menor necesidad sanitaria, sino por problemas de diseño, planificación y fragmentación. A pesar del envejecimiento poblacional, el aumento de enfermedades crónicas y la irrupción de terapias innovadoras, Chile sigue gastando menos y gestionando con las mismas reglas de hace una década.
La Paradoja del Gasto de Bolsillo
No sorprende entonces que el gasto de bolsillo en medicamentos alcance el 62% del total. Esa cifra no es la causa del problema, sino su consecuencia: refleja la débil protección financiera del sistema. En los países de la OCDE, el Estado financia entre el 60% y el 80% del gasto farmacéutico; en Chile, apenas un 17%.
Esta brecha se traduce en una paradoja cotidiana. Pacientes que deberían acceder a medicamentos con cobertura pública terminan comprándolos por su cuenta. Incluso quienes se atienden en hospitales públicos deben recurrir a farmacias privadas por falta de stock o dispensación efectiva.
Terapias Inalcanzables
Detrás de las estadísticas oficiales hay una realidad silenciosa: los medicamentos de alto costo, aquellos que no aparecen en el gasto de bolsillo porque simplemente una familia no puede financiarlos, y si el tratamiento no está incorporado en un programa de financiamiento específico, simplemente no se tiene acceso.
Son las terapias que muchas familias deben costear con rifas, bingos o campañas solidarias, o que terminan judicializando para acceder a un derecho que, en teoría, ya está reconocido.
Hacia una Política Nacional de Financiamiento Farmacéutico
Chile ha tratado el acceso a medicamentos como un gasto complementario, no como un componente esencial del sistema de salud. Y mientras no se asuma esa realidad, seguiremos administrando la escasez en lugar de planificar el acceso.
Lo que el país necesita no es un nuevo programa, sino una política nacional de financiamiento farmacéutico que combine cobertura efectiva, eficiencia y sostenibilidad, con fondos dinámicos que crezcan conforme a la evidencia y a las necesidades sanitarias.
La Ley Ricarte Soto fue un paso importante, pero hoy requiere una transformación profunda: convertirse en un fondo mixto, flexible y planificado, que asegure acceso oportuno y evite que los recursos terminen capturados por la judicialización.
Un modelo así permitiría financiar innovación con criterios de valor y resultados en salud, garantizando equidad y eficiencia fiscal. Y esta oportunidad está hoy a la mano en la discusión del PDL que modifica la Ley Ricarte Soto y en la discusión presupuestaria.
Corregir este problema requiere unidad en la acción, visión de Estado y una mirada moderna de la salud como inversión social. Porque cuando el acceso a los tratamientos depende de la suerte o de la capacidad de organizar una rifa, el problema no es económico: es ético.
