La Fiscalía de Perú ha anunciado que está realizando investigaciones urgentes en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos por la muerte de un manifestante durante las protestas masivas del miércoles en Lima. El Ministerio Público informó que Eduardo Ruiz, de 32 años, recibió un disparo de arma de fuego en las inmediaciones de la plaza Francia, en el Cercado de Lima, durante las manifestaciones sociales.
El caso ha sido asumido por la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, que ha ordenado el levantamiento del cadáver de la víctima y la recolección de evidencia audiovisual y balística en el área donde ocurrió el hecho. Según testigos, Ruiz habría muerto por un disparo ejecutado supuestamente por un ‘terna’, un agente policial encubierto entre los manifestantes, que aparentemente fue descubierto por un grupo de participantes y, en su huida, abrió fuego hacia sus perseguidores.
Violencia y heridos en las protestas
La muerte de Ruiz se produjo cuando finalizaba la multitudinaria protesta del miércoles, que dejó más de cien heridos, entre ellos 78 policías y 24 manifestantes, así como 10 detenidos. Según el Ministerio de Salud, la mayoría de los civiles heridos fueron atendidos en hospitales de Lima por contusiones, golpes y el efecto de los gases lacrimógenos. Incluso, dos manifestantes debieron ser operados, aunque no se tiene precisión de si fueron heridos por balas o perdigones.
Investigación y reacciones
Tras confirmarse la información sobre la muerte de Ruiz, el presidente interino de Perú, José Jerí, expresó su deseo de que «las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades» y envió «fuerza a su familia en este momento». Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, indicó que se han dispuesto «de forma inmediata que se realicen las investigaciones», argumentando que no había personal ‘terna’ en la zona.
Las protestas del miércoles fueron una de las más grandes de los últimos años en Perú, tras las manifestaciones que dejaron al menos 49 civiles muertos entre finales de 2022 y los primeros meses de 2023, cuando Dina Boluarte llegó al poder después del encarcelamiento de su predecesor, Pedro Castillo, por su fallido intento de golpe de Estado.
