Los líderes mapuche han acusado al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle de tener un «sesgo racista y negacionista» en sus críticas a la Ley Lafkenche, la cual otorga derechos a los pueblos originarios sobre los espacios marinos costeros.
Durante una visita a la región de Los Lagos, Frei cuestionó la extensión de las solicitudes de Espacios Marinos Costeros de Pueblos Originarios, afirmando que «no podemos entregarle 3 millones de hectáreas a 10 familias por más respetables que sean». Estas declaraciones generaron fuertes reacciones de rechazo entre los dirigentes indígenas.
Acusaciones de Racismo y Negacionismo
Yohanna Coñuecar, representante de las provincias de Palena y Chiloé en la Comisión Regional de Uso de Borde Costero, calificó las palabras de Frei como un «sesgo racista y negacionista» hacia las formas propias de los pueblos indígenas en el mar y sus modelos económicos.
«Acá hay un sesgo racista y negacionista por parte de un expresidente a las formas propias de los pueblos indígenas en el mar, a sus propias formas de economía», afirmó Coñuecar.
Llamado a la Transparencia de la Industria Pesquera
Junto a estas acusaciones, los líderes mapuche hicieron un llamado a la industria salmonera para que transparente el impacto real que la Ley Lafkenche ha tenido en sus inversiones. Según ellos, los retrasos en las tramitaciones y otorgamiento de concesiones marítimas son responsabilidad del Estado, no de los pueblos originarios.
Max Rosas Llaitul, delegado indígena en la misma comisión para las provincias de Osorno y Llanquihue, explicó que con los espacios costeros buscan resguardar los fondos marinos. Por su parte, Francisco Vera Millaquen, werkén de comunidades indígenas de Pargua, responsabilizó a la burocracia estatal por los retrasos en las tramitaciones.
Debate sobre la Modificación de la Ley Lafkenche
Esta discusión se da en medio del debate sobre la necesidad de modificar la Ley Lafkenche o su reglamento debido a las problemáticas en su aplicación. Los representantes mapuche han exigido que se respeten sus derechos y formas de vida en el mar, mientras que algunos sectores empresariales han cuestionado el alcance de la ley.
El desafío será encontrar un equilibrio que permita conciliar los intereses de los pueblos originarios y el desarrollo económico de la región, sin caer en posturas racistas o negacionistas.
