En medio de la promulgación de la ley que crea el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, el Gobierno ha endurecido su postura y rechazado con firmeza un proyecto de ley que busca otorgar beneficios carcelarios a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Desde La Moneda, el Vicepresidente Álvaro Elizalde calificó la iniciativa como «nefasta» y advirtió que su aprobación significaría un grave retroceso en materia de derechos humanos. El Secretario de Estado remarcó que Chile mantiene compromisos internacionales que impiden relativizar delitos de esta naturaleza, cometidos durante la dictadura militar.
Gobierno Advierte sobre Peligrosos Alcances del Proyecto
Por su parte, el Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, también salió a reforzar el mensaje del Ejecutivo. Advirtió que el proyecto no solo podría beneficiar a condenados por crímenes de lesa humanidad —actualmente recluidos en recintos como Punta Peuco y Colina—, sino también a personas condenadas por delitos graves como femicidio, homicidio o violación.
Senadora Defiende el Proyecto
En el debate legislativo, una de las impulsoras de la iniciativa ha sido la Senadora UDI, Luz Ebensperger, integrante de la Comisión de Derechos Humanos. La parlamentaria cuestionó las declaraciones del Ministro Elizalde y defendió el sentido del proyecto.
El proyecto fue aprobado en general en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. La moción, impulsada por senadores de oposición, propone que personas condenadas que tengan más de 70 años, padezcan enfermedades terminales o discapacidad severa, puedan cumplir el resto de su condena en reclusión domiciliaria total, con monitoreo de Gendarmería y autorizaciones judiciales para salidas médicas.
Corte Suprema Rechaza Recurso de Exintegrante de la DINA
Paralelamente, la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por Raúl Iturriaga Neumann, exintegrante de la DINA, y confirmó que deberá seguir cumpliendo su condena en Punta Peuco, abriendo aún más la tensión en el debate por el proyecto de ley.
El Gobierno mantiene una posición firme en defensa de los derechos humanos, rechazando cualquier iniciativa que pueda beneficiar a condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. La discusión en torno a este proyecto promete ser intensa y polarizadora.
