Un informe de la Contraloría parece respaldar al concejal de Castro, Enrique Soto, quien recibió su sueldo a pesar de ausentarse de tres sesiones del Concejo Municipal en diciembre de 2024 para asistir a un campeonato de fútbol 7 en Brasil con un certificado médico.
Según el concejal, la Contraloría afirmó que «el hecho que un concejal presente licencia médica no conlleva respecto de este el descanso aparejado de su tenencia, pudiendo solamente ser invocada para mantener el derecho a percibir la dieta y la asignación correspondiente». Es decir, el concejal podría justificar su ausencia con el certificado médico y seguir recibiendo su remuneración.
Controversia y Posiciones Encontradas
Sin embargo, el municipio de Castro había presentado una denuncia en contra del concejal por su ausencia, argumentando que había salido del país con licencia para jugar fútbol. Soto, por su parte, sostiene que no presentó una licencia, sino un certificado que justificaba su ausencia, y califica la acusación como «totalmente tendenciosa y falsa».
Desde la Municipalidad de Castro declinaron referirse al caso, informando que el viernes presentarán la denuncia ante el Tribunal Electoral Regional. Por su parte, la Contraloría señaló que, si bien no advierte reproche en la ausencia del concejal, la municipalidad podría denunciar la situación ante la COMPIN (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez) en caso de que el concejal fuera también funcionario municipal.
Implicaciones y Análisis
Este caso plantea interrogantes sobre los límites de las licencias médicas y la responsabilidad de los funcionarios públicos, especialmente cuando se trata de concejales que deben cumplir con sus obligaciones en el Concejo Municipal. Mientras que la Contraloría parece respaldar la justificación del concejal, la municipalidad insiste en denunciar la situación, lo que sugiere una disputa sobre la interpretación de las normas y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
En última instancia, este caso refleja la necesidad de establecer pautas claras y coherentes sobre el uso de licencias y justificaciones por parte de los representantes electos, de modo que se preserve la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y se eviten percepciones de abuso o falta de compromiso con el servicio público.
