En una audiencia que se extendió por casi 11 minutos, el juez de Garantía de Cañete, Cristian Rosenberg, dictó la resolución sobre las medidas cautelares para los imputados en el ataque al Molino Grollmus. Si bien el magistrado mantuvo la prisión preventiva de Federico Astete y Robert Galindo, expresó serias dudas sobre la suficiencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público para obtener una condena en el juicio.
Según el juez Rosenberg, las declaraciones de testigos reservados son suficientes ante su tribunal para justificar la prisión preventiva de los acusados. Sin embargo, advirtió que estas pruebas podrían no ser suficientes en el juicio para que la Fiscalía y los querellantes logren un veredicto condenatorio.
Por su parte, la abogada de la familia Grollmus, María José Ramírez, no comparte la mirada del juez. Ella subraya que el uso de testigos secretos ya está bastante justificado en causas con delitos de connotación terrorista, como este caso.
A pesar de las dudas expresadas por el juez, este rechazó la rebaja de la prisión preventiva solicitada por las defensas de Astete y Galindo. Confirmó que los líderes de la Resistencia Mapuche Lafkenche siguen siendo un peligro para la seguridad de la sociedad y las víctimas.
Cristian Grollmus, víctima del atentado armado perpetrado hace tres años, presente en la audiencia, destacó la resolución del juez. Astete y Galindo enfrentan cargos por homicidios calificados en grado de frustrados, incendio, robo con violencia e intimidación, y porte ilegal de armas.
