La discusión en torno al Presupuesto 2026 continúa, con un foco particular en los gobiernos regionales. En medio de este debate, surgen cuestionamientos sobre la eliminación de la tradicional «glosa republicana», que permitía a la administración entrante disponer libremente de ciertos recursos.
Según el Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, el Ejecutivo ha adoptado la recomendación de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público de mantener la opción de reasignar hasta un 1% del gasto público. Grau reconoce que es «muy probable» que la próxima administración tenga «prioridades muy distintas a la administración actual».
Libertad para la próxima administración
Originalmente, la Comisión Asesora había propuesto que se pudiera reajustar hasta un 10% del gasto. Sin embargo, el Gobierno terminó por determinar que fuera hasta un 1%. Grau sostiene que esto les está dando «suficientes libertades a la siguiente administración para efectos de reasignar los recursos, que eso es justamente podría requerir la siguiente administración que, sin importar cuál sea su signo político, es muy probable que tenga prioridades distintas» a la actual.
Críticas a la eliminación de la glosa republicana
La eliminación de la glosa republicana ha generado críticas desde la oposición y los candidatos presidenciales. Sin embargo, Grau insiste en que el Gobierno ya adoptó la recomendación de la comisión asesora, dejando abierta la posibilidad de que el debate sobre su reposición pueda darse.
Congelación de sueldos y reacciones
Otra propuesta entregada al Gobierno fue la congelación de los sueldos a los niveles nominales de 2025, lo que en teoría haría impracticable un reajuste al sector público. Esto ha desatado críticas desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), quienes consideran que los funcionarios «no deben pagar los ajustes del Estado».
El Ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, ha salido a poner paños fríos, pidiendo no adelantarse a una conversación que se dará «como cada año».
En resumen, el Gobierno ha adoptado medidas que le otorgan mayor flexibilidad a la próxima administración para reasignar recursos, reconociendo que es probable que tengan prioridades muy diferentes a las actuales. Sin embargo, esto ha generado críticas y reacciones de diversos actores políticos y sociales.
