La Ley de Insolvencia y Reemprendimiento en Chile nació con el noble objetivo de permitir que las personas sobreendeudadas tuvieran una segunda oportunidad. Sin embargo, la realidad dista mucho de este ideal.
Tomemos el caso de dos personas: una que nunca se ha declarado en quiebra y otra que sí lo hizo, pero logró extinguir sus deudas. En términos reales, ambas se encuentran en la misma situación, sin pasivos. No obstante, la segunda persona arrastra una marca indeleble: en la sección «Boletín Concursal» figura un «sí», es decir, se declaró en quiebra.
El Estigma Financiero Persistente
Esta contradicción es evidente. En un país con más de 3,8 millones de personas en situación de morosidad, la rehabilitación financiera debería ser una política efectiva y no un ideal frustrado. Sin embargo, castigar a quienes han enfrentado su insolvencia por la vía legal resulta un contrasentido.
Lo que se presenta como una «segunda oportunidad» en la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento es, en realidad, un registro permanente que mantiene a las personas en una categoría de riesgo, aun cuando ya no tengan deudas. Se estigmatiza precisamente a quienes siguieron el camino institucional para resolver su situación.
Hacia una Verdadera Inclusión Financiera
La pregunta es inevitable: ¿de qué rehabilitación —y de qué reemprendimiento— hablamos si el propio sistema advierte al mundo que esa persona quebró, aunque hoy esté financieramente en regla?
Si Chile quiere tomarse en serio el desafío del sobreendeudamiento y la inclusión financiera, debe revisar estas prácticas. Una ley pensada para reintegrar a las personas no puede transformarse en una herramienta de marginación encubierta.
