En un reciente estudio presentado por el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la Universidad San Sebastián, se reveló un alarmante incremento del 99,5% en los casos de crimen organizado en la región de Los Ríos entre 2023 y 2024. Sin embargo, las autoridades locales han cuestionado la precisión de este indicador, solicitando mayores aclaraciones sobre la metodología y la definición de lo que se considera crimen organizado.
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El defensor penal público, Óscar Soto, señaló la necesidad de «ponerse de acuerdo respecto a qué es el crimen organizado», mientras que el director regional de Reinserción Juvenil, Germán Díaz, sugirió que el índice debería llamarse «criminalidad asociada al crimen organizado» en lugar de «indicador de crimen organizado», ya que esto tiene un impacto significativo en la esfera pública.
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Por su parte, la fiscal jefe de Valdivia, Alejandra Anabalón, no descartó que el informe pueda contener distorsiones, marcando diferencias con algunos delitos que el índice categoriza como crimen organizado y que ellos no consideran como tal. Asimismo, el delegado presidencial regional, Jorge Alvial, cuestionó si algunos homicidios registrados, como riñas en zonas rurales o hechos ocurridos en la cárcel, deberían ser clasificados como crimen organizado.
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La investigadora del Cescro, Pía Greene, reconoció que la metodología utilizada está en proceso de construcción y agradeció los aportes de las autoridades, con el objetivo de que el indicador se convierta en un verdadero instrumento para la formulación de políticas públicas efectivas. Greene anunció que el tercer informe de crimen organizado de la USS se publicará a mediados de 2026.
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Estas observaciones de las autoridades locales ponen de manifiesto la necesidad de una definición más clara y consensuada de lo que constituye el crimen organizado en la región de Los Ríos, con el fin de garantizar que los datos presentados en el estudio de la USS reflejen con precisión la realidad de la situación y puedan servir como una herramienta útil para abordar este desafío de seguridad pública.
